En simultáneo se intervino la sede de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en Sullana.
En simultáneo se intervino la sede de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en Sullana.

La Fiscalía Anticorrupción de Sullana, a cargo de los fiscales Luis Antonio Ramos Rioja, Harold Martínez Requena y Daniel Oswaldo Pupuche Cordova, intervinieron en simultáneo las sedes del Gobierno Regional de Piura y la Sub Región Luciano Castillo Colona, en Sullana. Ellos incautaron los registros de ingreso y visitas al gobernador Servando García Correa y al subgerente regional, Mario Quispe, por la denuncia hecha por el exdirector del , Dante Ramírez, quien manifestó que lo sacaron del puesto por no favorecer a un grupo de proveedores enviados por el gobernador Servando García.

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Diligencias

Cerca de las 11:30 de la mañana de ayer lunes, personal de la Fiscalía Anticorrupción de Sullana, a cargo de Luis Ramos Rioja y Martínez Requena, iniciaron las diligencias para recabar información en la sede regional de Piura.

La diligencia se realizó sin ningún problema y con los documentos incautados se busca ver algún indicio de la denuncia interpuesta por el exdirector del hospital de Sullana, quien declaró que fue retirado de su cargo luego de no aceptar direccionar servicios a favor de una proveedora que estaría apoyando a la gente del partido político Fuerza Regional del gobernador Servando García Correa.

Correo pudo comprobar que durante la diligencia se evidenció la falta de rigurosidad para el control de ingreso de las personas, ya que justamente la contratista no aparece en el libro de ingreso de la entidad (que está cerca a la puerta de ingreso del local), pero sí aparece en el registro interno de ingreso a las oficinas.

Asimismo, los fiscales habrían verificado el legajo administrativo, donde se generó la resolución directoral que dio por concluida la designación del exdirector del Hospital de Sullana, por presuntamente no acceder a las peticiones que irían de parte de la autoridad regional.

Mientras en esta sede se desarrollaban las diligencias, en la Sub Región Luciano Castillo Colonna, el fiscal adjunto de Sullana, Daniel Oswaldo Pupuche Cordova realizaba la misma intervención, donde habría indicios de la presencia de la proveedora, quien habría pretendido coger a cargo los servicios recomendados presuntamente por García Correa. Además, sería proveedora de otros servicios en esta sede de Sullana.

Pese a que el fiscal Luis Ramos Rioja no quiso declarar a los medios de comunicación, ya que se mantiene en proceso de investigación, se supo que se busca recaudar todo tipo de información para evaluar responsabilidades por parte de los funcionarios y confirmar la denuncia hecha por el exdirector.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, Alfonso Llanos, lamentó que Piura esté nuevamente dando qué hablar por los actos de corrupción en esta gestión, ya que es la segunda vez que el GORE reporta este tipo de denuncias. Primero fue el caso de las cartas fianzas falsas en el caso de la obra del centro de salud de Máncora y, esta vez, en Sullana se denuncia que se busca favorecer a proveedores vinculados a la actual gestión.

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“Están en plena búsqueda de indicios que corroboren lo declarado por el médico Dante Ramírez, de presuntas irregularidades entre los funcionarios y una proveedora, buscan establecer si hay nexos entre los funcionarios de la Sub Región Luciano Castillo y la propia sede regional”, dijo el consejero Alfonso Llanos Flores.

El consejero precisó que si se logra corroborar que estos funcionarios y proveedores se entrevistaron con los funcionarios de la Sub Región y del gobierno regional, sería una situación muy lamentable, ya que no solo afecta a la sede regional sino a la misma población, que espera obras y más presupuestos.

“Este es el segundo escándalo nacional de esta gestión y está poniendo en vergüenza a los piuranos. Todo el país se está enterando que existe este tipo de situaciones donde ya la Fiscalía ha roto puertas e incautado documentos. Estamos frente a una situación muy delicada, donde se podría iniciar a una investigación penal”, indicó.