El Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) desembolsó más de 125 millones de soles a la empresa constructora Kinsa para la construcción de viviendas para los efectivos policiales de la región Piura, que hoy se encuentran inhabitables y con un contrato cuestionado que fue resuelto en el año 2022.
Según un informe de Cuarto Poder, en la región Piura, la empresa Kinsa inició dos proyectos en el 2019 para la construcción de 680 viviendas por S/ 100’347,200. Un total de 456 en la zona La Palmeras de San Pablo y otros 224 en el sector Oasis de Colán.
Pero, en el 2022, la empresa Kinsa intentó entregar 114 viviendas, pero Fovipol observó que estos inmuebles no eran seguros para la familia policial, pese a ello, la constructora exigió el pago por estos inmuebles, pero Fovipol se negó hasta que la empresa corrija las observaciones presentadas, y al no subsanar las deficiencias no se pagó y pasó a una instancia judicial donde, incluso se resolvió el contrato con Kinsa por incumplimientos técnicos.
Pese a esta situación, el entonces gerente general de Fovipol, coronel PNP Edgar Paredes Montenegro, en diciembre de 2024, cuando Juan José Santiváñez era ministro del Interior, se reavivó el contrato con Kinsa mediante una supuesta conciliación que autorizó nuevos adelantos por más de S/ 25 millones a favor de Kinsa.
Entonces, la constructora comunicó la construcción de 478 viviendas, las mismas que ya fueron formalmente entregadas a Fovipol con los servicios básicos.
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No obstante, en una visita de la congresista Maricruz Zeta, se evidenció que estas viviendas, sobre todo las ubicadas en el sector Las Palmeras de San Pablo, las puertas se encuentran dañadas, los lavaderos en el piso, todo lleno de polvo y hasta cartones tirados en el suelo. Además, se evidenció que muchas de estas viviendas se encuentran inhabitadas por riesgos. Al parecer, no tiene juntas antisísmicas, lo que las hace inseguras.
Pese a ello y al haber sido ya resuelto el contrato años atrás por estas deficiencias, la gestión del entonces gerente general Edgar Paredes continuó pagando por estas viviendas mal hechas, favoreciendo a la empresa y no al sector policial.
A esto se suma que, Paredes Montenegro, gestionó un préstamo de más de S/ 533,000 para comprar un departamento en San Isidro, en Lima siendo ya gerente general de El Fondo de Vivienda Policial.
