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La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura demandó a las 65 municipalidades provinciales y distritales de la región que elaboren sus planes para el control del comercio ambulatorio, para evitar aglomeraciones en los exteriores de los locales de votación, y asimismo requirió que diseñen planes de vigilancia del transporte terrestre para asegurar que se cumplan los protocolos de seguridad contra el COVID-19 antes, durante y después de las elecciones generales del 11 de abril.
La institución formuló esta recomendación tras indicar que en la región el presente proceso electoral implicará la movilización de 1 396 448 electores, quienes acudirán a un total de 742 locales de votación. Ante ello, la institución solicitó a la ciudadanía que acuda a sufragar en el horario sugerido por la ONPE, teniendo en cuenta el último número del DNI, con lo cual se resguardará la salud de las y los electores.
En esa línea, la institución recordó que los gobiernos locales juegan un rol muy importante para atender dicha problemática, pues están a cargo de regular y fiscalizar tanto el comercio ambulatorio como que los vehículos del transporte público garanticen la ventilación adecuada, por lo cual deben concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de mantener la distancia física al interior de los vehículos y exigir la utilización de mascarillas a pasajeras y pasajeros.
Para la Defensoría del Pueblo es una preocupación que el proceso electoral genere el aumento del tráfico de vehículos de transporte, como buses colectivos, taxis, mototaxis y autos particulares. También se teme el aprovechamiento de la afluencia de público en los locales de votación para el ejercicio del comercio ambulatorio, pues ello podría originar un aumento en el riesgo de infecciones de COVID-19.
En ese mismo sentido, la Defensoría del Pueblo requirió a las municipalidades provinciales y distritales de Piura que elaboren sus respectivos planes de control del comercio ambulatorio y de transporte terrestre para el día de las elecciones. Además, pidió que se realicen labores de fiscalización, a fin de verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, y que se coordine estrechamente con la Policía Nacional del Perú para que apoye en esas tareas y se evite sobrepasar la capacidad de cada bus o vehículo.
El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, expresó que “es un compromiso de todos los ciudadanos y autoridades cooperar para llevar un proceso electoral democrático y sin riesgos para la salud de la población”.
