Se trata del juez Christian Azabache, quien tenía a cargo el caso del desfalco de las maestrías dictadas por la UNP en Ecuador; y la jueza Alma Garay, quien liberó a conductor que mató a una bebé.
Se trata del juez Christian Azabache, quien tenía a cargo el caso del desfalco de las maestrías dictadas por la UNP en Ecuador; y la jueza Alma Garay, quien liberó a conductor que mató a una bebé.

El juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA-PJ), Ulises A. Yaya Zumaeta, dispuso que las Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de las Cortes Superiores de Justicia de Piura y Sullana procedan conforme a sus atribuciones en los casos denunciados en los medios de comunicación contra el juez y la jueza Alma Garay Pinday.

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Audiencia

Según precisan, estas investigaciones se deben a las denuncias periodísticas donde se cuestiona la decisión del juez Christian Azabache Vidal juez de la Corte Superior de Justicia de Piura, frente a un proceso judicial relacionado con la Universidad Nacional de Piura, en razón a que el magistrado habría decidido abrir nuevamente el debate en la causa penal que se sigue en contra de algunas autoridades de esta casa de estudios. Este caso refiere a las maestrías dictadas en diferentes ciudades de Ecuador donde se detectaron presuntos pagos que no habrían ingresado a la Universidad Nacional de Piura sino a otras cuentas donde se involucran a exrectores de dicha casa de estudios.

Otra denuncia atendida está relacionada con la decisión de la jueza Alma Garay Pinday de la Corte Superior de Justicia de Sullana, quien declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva por nueve meses en contra de un conductor –por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones graves-, quien en aparente estado de ebriedad habría atropellado a una menor de cinco meses de nacida quien falleció; mientras que la madre sufrió graves lesiones.

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Para el jefe de la OCMA es de suma relevancia atender con prontitud todas las denuncias que provengan de la ciudadanía y de medios de comunicación del país, ya que coadyuvan a recuperar la credibilidad y la fortaleza del rol contralor en los fueros judiciales.

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