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La Contraloría, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Piura, detectó que la Unidad Ejecutora Sub Región Morropón-Huancabamba, a cargo de la obra de mejoramiento del servicio educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huarmaca, ubicado en la provincia de Huancabamba, región Piura, aceptó cartas fianzas emitidas por una compañía de seguros.
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Para el OCI, esto no garantiza las obligaciones crediticias de la obra, generando el riesgo de que la entidad quede desprotegida ante un eventual incumplimiento contractual. Las cartas fianzas debieron ser emitidas por una entidad financiera supervisada por la SBS.
Observaciones
El Informe de Hito de Control N°033-2022-OCI/5349-SCC señala que la obra fue adjudicada el 13 de julio de este año a la empresa 2B & C Ingenieros SAC. El contrato se firmó el pasado 10 de agosto por S/21′154,158, por un plazo de ejecución de 395 días calendarios, bajo el sistema de contratación a suma alzada.
La Contraloría evidenció que la cláusula sétima referente a la garantía no sería viable, ya que el contratista presentó la carta fianza de adelanto directo emitida por la compañía Crecer Seguros, por S/2′115,415, la misma que tiene vigencia desde el 11 de agosto al 9 de noviembre del 2022.
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Al verificar ambas cartas fianzas se verificó que si bien la compañía de seguros se encuentra registrada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y está autorizada para emitir pólizas de cauciones y fianzas, eso no garantizan obligaciones crediticias.
En tanto, el documento de Contraloría detalla que la entidad, a través de la oficina de Infraestructura y Asesoría Jurídica, remite la documentación para continuar con el trámite de pago de adelanto directo solicitado por el contratista, sin embargo, no acreditan haber realizado la verificación si la compañía de seguros Crecer Seguros tiene autorización para emitir cartas fianzas requeridas para respaldar el adelanto directo solicitado para ejecutar la obra.
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Por otro lado, la entidad contralora advirtió que el contratista no colocó el cartel de obra dentro de los plazos establecidos, es decir, el terreno se entregó el 24 de agosto y se debió colocar el 31 de agosto, pero este se hizo recién el 8 de setiembre, por lo que debería aplicarse una penalidad. Asimismo, la empresa no contaría con los equipos y maquinaria de obra, ya que durante la visita de inspección no se encontraba la maquinaria.
Otra de las observaciones hecha por Contraloría precisa que el acero de refuerzo y el cemento no tienen un adecuado almacenamiento. Indican que el material está colocado sobre troncos que separa al terreno y protegidos sobre plásticos. Con respecto al cemento, se encuentra colocado sobre triplay y pegado a los muros. También, el personal clave de la supervisión estaba ausente, lo que puede generar el pago por servicios no prestados. Entre los que no se encontraban, figura el jefe de supervisión, que estaría incumpliendo el contrato.
