Acuerdan solicitar declarar en estado de emergencia la provincia de Sullana
Acuerdan solicitar declarar en estado de emergencia la provincia de Sullana

En sesión extraordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) realizada ayer, se acordó solicitar al Gobierno Central declarar a la provincia de Sullana en estado de emergencia para hacer frente a la delincuencia y el crimen organizado.

Este acuerdo fue aprobado en consenso con los representes de la Corte Superior de Justicia, Ministerio Público, Primera Brigada de Caballería, Policía, Ugel Sullana, Rondas Campesinas, alcaldes distritales de Bellavista, Querecotillo, Ignacio Escudero, entre otros.

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El alcalde de Sullana, Marlem Mogollón Meca, explicó que esta medida excepcional debe ser diferente a la anterior ocasión. Se debe tener un rumbo claro, como exigir que el Gobierno acelere la aprobación y financiamiento de los proyectos de videovigilancia de Sullana y sus distritos, que el MEF apruebe financiamiento para los fiscales de la Unidades de Flagrancia, la creación de un laboratorio de investigación criminal, la asignación de más efectivos policiales, entre otras acciones.

“El estado de emergencia debe ir acompañada de una estrategia integral que incluya inteligencia policial y la asignación de recursos financieros para la Policía, Fiscalía y Ejército, indispensables para desarticular las bandas de sicarios y extorsionadores. Sin inteligencia policial y sin presupuesto, el estado de emergencia no sirve”, afirmó Mogollón.

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Por sugerencia del fiscal César Aguilar Cosme, se aprobó pedir que en Sullana se implemente de manera permanente una Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado y una unidad similar de la PNP. “Esta es una alternativa concreta, Policía y Fiscalía especializada en crimen organizado, pero de manera permanente; sino pasan los 90 días y se van [los 50 policías del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco)]”, acotó.

Igualmente, el Presidente de la Corte de Sullana, Pedro Germán Lizana Bobadilla, respaldó la propuesta del regidor Segundo Gallo, de presentar una iniciativa legislativa para rechazar recientes leyes aprobadas por el Congreso que no contribuyen en la lucha contra la delincuencia y generan impunidad.