Piura: Cuestionan orden de desalojo contra agricultores de Somate Bajo

La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana pretendería desalojar a pobladores de sus tierras ubicadas en el centro poblado Somate Bajo, en la provincia de Sullana, quienes aseguran que se encuentran en posesión desde 1988 a la fecha. Son más de 15 hectáreas de terreno que están en disputa desde el 2017 en este sector.

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Tal y como consta en el documento de notificación, este 7 de enero de 2022 se ha programado el desalojo preventivo de 15 familias de sus terrenos ubicados en el centro poblado de Somate Bajo, en Sullana. Además, fueron denunciados por presunta usurpación de terrenos, lo cual sigue el proceso.

El presente proceso involucra a José del Carmen Arellano Vázquez, Francisco Domínguez Panta, Francisco Valle García, Luis Alberto Gutiérrez, José Isaac Imán Sernaqué, Jorge Arrese Arambulu, Pedro Gutiérrez Domínguez, Sabino Gutiérrez Reyes, Valentín Palacios Domínguez, Marcelino Arrese Arambulu, Santos Venancio Flores, Elizabeth Imán Benites, Jumber Espinoza de la Cruz, Jessica Mabel Gutiérrez Oliva y Jéssica Aurora Palacios Gutiérrez, ya que la supuesta propietaria habría identificado el predio con las partidas electrónicas y unidades catastrales que se señalan en la resolución materia de grado.

Esto habría permitido que la Superior Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Sullana confirme y declare fundado el requerimiento de medida cautelar de desalojo preventivo presentado por el Ministerio Público a favor Arroyo Burga.

“Señálese fecha a efectos de llevar a cabo la diligencia de desalojo preventivo para el día 7 de enero del año 2021 a las 9 de la mañana, por cual su propia naturaleza es de carácter presencial de los imputados y todos que se encuentren en el predio del inmueble a favor de la parte agraviada Arroyo Burga Rosa Victoria Patricia, cito en el centro poblado Somate Bajo, sector Las Cañas”, precisa el documento

Al respecto, los pobladores advierten que estas tierras fueron adquiridas por beneficios sociales de parte de la Cooperativa Agraria de Trabajadores, desde el año 1988, ya que fueron entregadas como parte de pago a dichos trabajadores.

Según uno de los acusados, José Imán Sernaqué, no dejarán que los desalojen de este terreno, ya que la supuesta propietaria del predio, Rosa Victoria Patricia Arroyo Burga, habría adquirido el terreno de manera irregular.

“Como hemos sido peones de la Cooperativa Agraria de Trabajadores y no tenía plata para arreglarnos, las tierras nos dieron por beneficio social, de 2.6 hectáreas bajo riego y una hectárea de eriaza denominada cañas, pero resulta que sale otro dueño del 2017, pero no sé de dónde sacó ese título, nosotros tenemos un título de 1988 que nos entrega la Cooperativa como propietarios y desde ahí venimos conduciendo nuestra tierra”, dijo Imán Sernaqué.

Por su parte, el señor Pedro Gutiérrez (hijo del dueño del predio), confirmó que la Cooperativa Agraria les entregó el terreno y ellos cuentan con toda la documentación para avalar ser los dueños de estos terrenos, que por años ha sido el sustento para sus familias, ya que en este predio suelen sembrar arroz, frijol, y otros productos.

“No sé por qué la señora quiere hacer eso, ella dice que es la propietaria, pero nosotros tenemos los documentos en regla desde 1988 en que fueron entregados a mis padres que ya murieron, solo pedimos se haga justicia”, reclamó el poblador.

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A su vez, el abogado de los procesados, Jorge Pérez Vílchez, precisó que no se habría realizado un adecuado trabajo de investigación preliminar, ya que no se ha considerado las declaraciones de algunos involucrados.

“El representante del Ministerio Público no ha realizado un adecuado trabajo de investigación preliminar, el mismo que no ha valorado la documentación presentada en las declaraciones de los imputados, con el agravante que los hoy comprendidos en el proceso (Elizabeth Imán Benites, Aurora Palacios Gutiérrez y Jéssica Mabel Gutiérrez Oliva), el fiscal no les tomó su declaración, quienes asistieron puntualmente a rendir su manifestación, como se acredita con la constancia de concurrencia de fecha 9 de octubre del 2018 y hoy se encuentran procesadas, violando sus derechos fundamentales del debido proceso y derecho a la defensa”, detalló el abogado.

Asimismo, indicó que las actas de constatación policial carecen de validez jurídica, ya que habrían sido redactadas en la comisaría de Bellavista y no en el lugar de los hechos, las mismas que debería estar firmadas por los supuestos usurpadores.

Además, explicó que la supuesta dueña no detalla cuándo se produjo la supuesta usurpación el 8 de agosto del 2017 o el 21 de agosto del 2017, ya que la primera fecha no obra los nombres de los supuestos usurpadores, sin embargo, en la fecha 21 de agosto menciona algunos nombres.

“No indica con precisión y exactitud qué terreno le han usurpado, es decir sin precisar que mis patrocinados Francisco Valle García, Jorge Arrese Arambulu, Luis Alberto Gutiérrez Tezén, José Imán Sernaqué y otros, qué terreno le habían usurpado. No precisa quién se encuentra en cada uno de las partidas electrónicas y unidades catastrales, que hace un total de más de 15 hectáreas”, explicó.

Otra de las observaciones que hace el abogado, es que la supuesta dueña del terreno habría hecho todos los trámites en una notaría en la ciudad de Arequipa, por la cual sería irregular el proceso.

No obstante, los pobladores se niegan a abandonar sus tierras y anunciaron que este 7 de enero estarán en el lugar para evitar el desalojo y acusan de quererlo sacar con documentación irregular.