La Contraloría General detectó más de 344 mil soles de perjuicio económico en la obra de rehabilitación de la institución educativa N° 20146 del caserío Cerezal, ejecutada por la anterior gestión municipal. La investigación involucra a funcionarios del exalcalde Juan José Díaz.
Según el informe de control específico N° 058-2023-2-0454, los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal irregular son: otorgamiento de ampliación de plazo N° 1, reconocimiento de mayores gastos generales por el otorgamiento injustificado de ampliaciones de plazo 2 y 4. Y aprobación de la recepción y liquidación de obra sin la aplicación de la penalidad de mora.
VER MÁS: Piura: Denuncian a exalcalde, Juan José Díaz Dios por obra de la Plaza de Armas
De acuerdo a Contraloría, la existencia de partidas no ejecutadas ocasionó la afectación al servicio público educativo y un potencial perjuicio económico de 334 mil 727 soles.
Entre los exfuncionarios investigados y cuestionados se encuentran el Ing. Lenin Antonio Talledo Peña, exjefe de la Oficina de Infraestructura; Ing. Pool Harry Sosa Sánchez, exjefe de División de Obras y al exgerente Territorial, Ing. Sigifredo Rolando Pasache Arámbulo.
También están involucrados en este presunto hecho irregular la exjefa de Estudios y Proyectos, Ing. Rosa Mariela Pacherres Orejuela; y el Ing. Fray Henry Mora Panta, supervisor de la obra.
LE PUEDE INTERESAR: Detectan más de un millón de soles en pagos irregulares en Piura
Al respecto, el jefe de Infraestructura de la comuna provincial, Gerardo Alvarado Machado, indicó que la Contraloría ha solicitado la intervención de la Procuraduría Municipal para las acciones legales correspondientes contra estas personas. Asimismo, pide al órgano instructor realizar el procedimiento de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad de Piura comprendidos en los hechos observados del presente informe de control específico.
TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: Multan a constructora Única SAC por irregularidades en obra de la plaza de Armas
El funcionario resaltó que este servicio de control específico comprende el periodo del 2 de enero de 2022 al 31 de mayo del 2023, correspondiente a la revisión y análisis de documentación relativa al hecho con evidencias de presunta irregular.
“Lamentablemente hay partidas que no se ejecutaron, hay reconocimiento de mayoría de gastos generales por ampliaciones de plazo que les han dado de manera injustificada, entre otros puntos. Hay que resaltar que no se trata de funcionarios de la actual gestión municipal”, especificó.
