La presunta organización criminal “Los Gatilleros de la Perla” crearon una fachada de construcción civil para tener el control de las millonarias obras y para someter a los empresarios a través de extorsiones. A ellos los acusan de varios crímenes, que ejecutaron para cumplir este objetivo.
El informe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de Piura y de la Fiscalía señala que los miembros de esta organización estarían inmersos en los presuntos delitos de organización criminal, marcaje o reglaje, extorsión, robo agravado, sicariato, entre otros.
De acuerdo con la carpeta fiscal a la que Correo tuvo acceso, dicha organización, que se inició como “La Mafia del Chira”, venía operando desde el 2017, fecha en que la policía comenzó a seguirle los pasos a cada uno de sus más de 16 integrantes.
Para cometer sus delitos en la provincia de Sullana, Augusto Pazos Vílchez, alias “Augusto”, Black o “P”, constituyó un grupo criminal que se encargaría de cobrar cupos en obras, extorsionar a los encargados de estas, dar seguridad -conocido como “chalequeo”- y garantizar lo que ellos denominaron la “paz laboral”.
Para no levantar sospecha alguna, creó un seudo gremio de construcción civil autodenominado “Pedro Huilca Tecse”.
Bajo esa fachada de “legalidad” trataron de cumplir su plan criminal de tener la hegemonía, dominio y control en dichas obras.
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También sometieron a los empresarios a sus actos extorsivos, beneficiándose económicamente con dicho accionar.
Además, los integrantes de esta organización comenzaron a extorsionar a personas naturales que tienen negocios en diferentes lugares de Sullana.
La carpeta fiscal precisa que para lograr su hegemonía en las obras, se concertó para amenazar y asesinar a algunos dirigentes y opositores.
" (...) la conducta criminal lo estaría desarrollando antes del año de 2017, esto teniendo en cuenta que existe conversaciones telefónicas interceptadas a los integrantes de la organización criminal “Los Boca Seca de Bellavista”, donde coordinaban los cupos de trabajo en obras de construcción civil con sujetos inmersos en estas actividades”, se lee en la carpeta fiscal.
La policía afirma que los presuntos integrantes de esta organización estarían implicados en la extorsión contra la empresa Hyhe Huarcaya, que ganó la concesión de la obra “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura de la I.E Carlos Augusto Salaverry, en Sullana”.
También serían responsables de la extorsión contra Deyvi H.C., secretario general del sindicato de construcción civil de Sullana, quien denunció que el 20 de abril del 2022 recibió una llamada exigiéndole que se retire de la obra del colegio José Eusebio Merino y Vinces, además de la suma de S/ 25,000.
