El Ministerio Público descubre exorbitantes coimas. La carpeta fiscal 2606065500-2021-131-0 revela que el representante legal del Consorcio MNDC, Godofredo Cardoza Novoa, habría cancelado la suma de 900 mil soles al presunto intermediario Edgar Baca Palacios, tras una inusual “rapidez de gestión” por parte de los funcionarios y servidores públicos, en la realización de la Adenda N° 01, con el propósito de variar el N° de CCI del contratista consignado en el contrato y así se haga efectivo el pago de los cerca de 4 millones de soles por adelanto directo en la obra del centro de Salud de Máncora.
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Previo a la corrección del número de cuenta del contratista, Baca Palacios habría solicitado anticipadamente 50 mil soles. No obstante, según la tesis fiscal, se habría pactado el pago de 1 millón 800 mil soles una vez que se iniciara la ejecución de la obra y cuando se otorgaran los adelantos a los que hubiere lugar. Además de 2 millones de soles que se obtendrían de un adicional.
Indicios
De acuerdo al titular de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, Javier López Romaní, existen 13 indicios que fundamentan la solicitud de prisión preventiva contra el exgerente regional del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, en su calidad de autor; además de Edgar Wilfredo Baca Palacios, presunto intermediario y Lisset Julliana Ballivían Castro, asistente de la Gerencia General, estos dos últimos como cómplices.
Del requerimiento fiscal se desprende que el pasado 10 de mayo, Edgar Baca le habría enviado un pantallazo al representante legal del Consorcio MNDC, Godofredo Cardoza, donde se apreciaba que se había realizado el giro de adelanto directo al referido consorcio; sin embargo, este último se percata que había un error en el número de la cuenta corriente, por lo que Baca habría gestionado con personal del Gobierno Regional la anulación del comprobante de pago.
“El 15 de marzo del 2021, Edgar Baca Palacios habría citado a la persona de Godofredo Cardoza Novoa en la ciudad de Colán – Paita, y se habrían encontrado en el Green Go Market, en donde le habría solicitado la suma de S/ 50,000 ya que la gente necesitaba efectivo y la demora en el pago se había debido a un error de él, por lo que quedaron en reunirse al día siguiente en el restaurante Río Grande, con la finalidad de entregar dicha suma de dinero”, detalla el documento.
De esta manera, es que el 16 de marzo, Godofredo Cardoza Novoa habría firmado la adenda en horas de la mañana y tres días después el Gobierno Regional realizó el pago a la empresa contratista a la cuenta bancaria N° 000100021458 con CCI N° 0115210001000244583 del Banco Continental. Ante la “inusual y rápida gestión”, el 20 de marzo de 2021, Cardoza Novoa habría hecho llegar la suma de 900 mil soles a Baca Palacios en la localidad de Colán a través de una tercera persona.
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La Fiscalía también ha detallado que por las facilidades y apoyo durante el perfeccionamiento, suscripción y ejecución del contrato de la obra del centro de Salud de Máncora, la empresa contratista iba a realizar una supuesta coima de 1 millón 800 mil soles, monto que iban a entregar una vez que se iniciara la ejecución de la obra. Así como S/ 2′000,000 que se obtendrían de un adicional, monto que tenía que pagarse con el dinero que obtuviese por concepto de adelanto directo y adelanto de materiales, y, posteriormente del adicional, el cual sería entregado a funcionarios del Gobierno Regional de Piura.
Todos estos irregulares pagos, como partes de presuntas coimas, han sido confirmados por un aspirante a colaborador fiscal.
Audiencia
En una maratónica audiencia de prisión preventiva, que se prolongó por más de ocho horas contra el exgerente del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, la asistente de gerencia regional Lisset Julliana Ballivían Castro y el presunto intermediario, Edgar Baca Palacios (prófugo), el fiscal especializado en delito de corrupción de funcionarios Javier López Romaní reveló que cometieron una serie de omisiones en la presentación de la documentación del proceso de selección de la obra.
Incluso, evidenció la notoria coordinación de la asistente de la gerencia regional Juliana Ballivian para favorecer al consorcio MNDC con los pagos de adelanto directo por cerca de 4 millones de soles, llegando a realizar la revisión de documentación días antes a la presentación del expediente, también alertaba al Consorcio para que este cumpla con los requisitos observados, así como facilitar la firma del contrato fuera de fecha al cronograma estipulado. Todo ello informaba a alta dirección, es decir, al exgerente Jesús Torres Saravia.
“Lo que se contrasta también con lo manifestado por el aspirante a colaborador eficaz en su declaración señala lo siguiente: ...al retomar al tema de la firma del contrato le han dicho que tendría que acercarse a las oficinas del Gobierno Regional Piura, y en la puerta principal se encontraría una señorita de nombre Juliana, quien la llevaría al Departamento de Logística, realizando todo conforme a lo indicado, le trasladan hasta el área de abastecimiento y le atiende una doctora, la cual le entrega la documentación del contrato para la respectiva firma de dicho documento...”, advirtiéndose de manera categórica el favorecimiento y trato especial que como consecuencia del pacto se le daba al contratista por parte de Ballivian Castro y los demás imputados, conociendo en varios casos de la ilicitud de su actuar”, dice el documento.