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La Contraloría General de la República detectó que la municipalidad provincial de Paita designó a funcionarios en distintas áreas que se encuentran inhabilitados y otros que no cumplían con los requisitos establecidos para asumir dichos cargos en dicha institución del Estado.
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Control
Según el informe 009-2022, dicho organismo identificó que el arquitecto Pedro Emilio Maticorena Lozada, que labora en la subgerencia de Estudios y Proyectos, cuenta con una medida disciplinaria de sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra servidores públicos y por el cual se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
Asimismo, la Contraloría informó que los abogados Tania Cortez Castillo, de la Gerencia de Secretaría General; Paúl Ypanaqué Vargas, gerente de Administración Tributaria; Rolando Álamo Infante, gerente de Asesoría Jurídica y Pedro Agurto Infante, subgerente de los programas de Desarrollo Social, se encuentran inhabilitados por el Colegio de Abogados de Piura.
Además, el ingeniero Brandon Quevedo Tarrillo, responsable de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, no fue encontrado en la página del Colegio de Ingenieros del Perú, según informó la Contraloría.
Explicaron que ante situación expuesta de los mencionados profesionales que se encuentran inhabilitados al colegio profesional al que pertenecen y que estarían ejerciendo la profesión sin reunir todos los requisitos requeridos, generan el riesgo de afectación a la validez legal de los actos administrativos que emitan.
Al respecto, el órgano de control recomendó al alcalde provincial de la comuna de Paita que adopten inmediatamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan al caso, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional y con el objetivo de asegurar la continuidad del hecho, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, indica el documento.
