La región Piura registra, entre los meses de enero a setiembre de 2023, un total de 1,451 casos de violencia en niñas, niños y adolescentes. De este grupo, 531 casos corresponden a violencia sexual y 185 por violación sexual, de acuerdo a la cifra otorgada por el Programa Nacional Aurora. Para ello, el coordinador del Programa de Víctimas y Testigos del Ministerio Público de Piura, José Velásquez, dijo que, en varios casos, el retraso y lentitud en los procesos judiciales se debe a que algunas víctimas desisten de la denuncia.
La cifra de violencia en general en menores de edad sigue siendo muy alta pese a las intervenciones de las autoridades para evitar el incremento de las estadísticas, las mismas que han provocado que 1,038 sean mujeres y 413 varones.
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Mientras tanto, 1 caso es de tipo económico, 528 psicológico, 391 física y 531 sexual, en este último tipo, 487 son mujeres y 44 varones, por lo que las mujeres representan la mayor cantidad de casos de violencia sexual. Asimismo, la data detalla que, de los 185 casos de violación sexual en esta región, 170 son mujeres y 15 varones.
A comparación del año 2022 que se registró 579 casos de violencia sexual, a la fecha del presente año ya van 531 víctimas de este tipo de agresión por parte de sus victimarios que, en su mayoría, son de su entorno familiar. En violación sexual, el año pasado Piura registró 183 casos y hasta setiembre ya van 185 víctimas de niñas, niños y adolescentes.
Para el coordinador Territorial de Piura del Programa Aurora, Carlos Arcaya, en su mayoría los casos se reportan en las zonas rurales, sin embargo, en Piura como ciudad la cifra también es alarmante. Para ello, exhortó a las autoridades ayudar en esta lucha que se ha iniciado este año principalmente en la atención de los casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. “Para una atención tenemos los Centros de Emergencia Mujer donde no es precisamente donde se coloca una denuncia, pero sí atendemos el caso y derivamos a las autoridades, por lo que existen las comisarías, Ministerio Publico, Poder Judicial donde se puede interponer la denuncia”, indicó.
Por su parte, el coordinador del Programa de Víctimas y Testigos del Ministerio Público de Piura, José Velásquez, dijo que, en varios casos, el retraso y lentitud en los procesos judiciales se debe a que en algunas víctimas desisten de la denuncia.
Velásquez precisó que en el caso de los delitos de libertad sexual el agresor está en el entorno familiar, por lo que se requiere empoderar a la familia, sobre todo a los que están a cargo del menor cuando son víctimas para que no contaminen los actos de investigación y colaboren con las diligencias.
“La demora para resolver estos casos se debe a la alta demanda, ya que los menores deben pasar por la cámara Gesell que es una prueba anticipada y ya no depende del fiscal sino de la agenda del juez de investigación preparatoria, porque en base a ello se va a poder programar la audiencia y eso hace que se retrase. Otro de los factores es que las víctimas van a una primera entrevista para la pericia psicológica y ya no quieren ir a una segunda o tercera, porque se contamina y se debe a que los agresores están dentro del entorno familiar”, insistió.
