La Fiscalía Suprema Penal solicita el impedimento de salida del país y el pago de cauciones de 50 mil y 100 mil soles para todos ellos, para que no sean encarcelados.
La Fiscalía Suprema Penal solicita el impedimento de salida del país y el pago de cauciones de 50 mil y 100 mil soles para todos ellos, para que no sean encarcelados.

Entre 9 y hasta 30 años podrían ser condenados seis magistrados de que se encuentran presuntamente involucrados en la organización criminal “Los Ilegales”, cuyo cabecilla sería el abogado Luis León More. Un colaborador eficaz los acusa de recibir presuntas coimas para liberar a procesados por los delitos de robo agravado, violación, narcotráfico y otros. La Fiscalía Suprema ha solicitado para ellos comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses.

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Investigación

Según la carpeta fiscal N° 178-2018 de la titular de la Fiscalía Suprema Penal de Lima, Bertsabeth Revilla Corrales, se formaliza una investigación preparatoria contra el actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Tulio Villacorta Calderón. Además se solicita que se le dicte comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses, por el presunto delito de cohecho pasivo específico en el caso de la presunta red criminal “Los Ilegales”.

En dicha formalización de la investigación también se incluye al expresidente de esta institución, Jorge Hernán Ruiz Arias; así como al expresidente de la Junta de Fiscales de Piura, Guillermo Castañeda Otsu; el destituido magistrado Artemio Daniel Meza Hurtado, el juez superior de la Corte de Justicia de Piura, Yone Li Córdova, y el exjuez supremo, Luis Cevallos Vegas. Para ellos la fiscalía también les solicita el impedimento de salida del país por 36 meses y comparecencia con restricciones.

Además, los jueces Artemio Daniel Meza Hurtado y Luis Cevallos Vegas deberán pagar una caución de 100 mil nuevos soles, mientras que Jorge Hernán Ruiz Arias, Guillermo Castañeda Otsu, Yone Li Córdova y Tulio Villacorta, deberán pagar 50 mil soles.

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Penas

En el caso del destituido magistrado Artemio Meza Hurtado y Luis Cevallos Vegas, si se les encuentra responsables del presunto delito de cohecho pasivo específico podrían ser condenados a 30 años de cárcel.

Para los magistrados Tulio Villacorta, Yone Li Córdova y Jorge Ruíz Arias, la fiscalía pide entre 9 y 12 años de cárcel y, para Castañeda Otsu entre 6 y 9 años.

Casos

Según la investigación fiscal, el destituido juez Daniel Meza Hurtado es acusado por un colaborador eficaz de recibir diversas cantidades de dinero (coimas) por favorecer a diferentes personas por diversos delitos. Entre ellos se le atribuye recibir 20 mil soles por parte del abogado Luis León More (cabecilla de “Los Ilegales”) para confirmar la sentencia de ocho años de prisión por lesiones graves contra el policía Saulo La Torre.

El colaborador eficaz en su declaración indicó que el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Hernán Ruiz Arias, participó en la reunión y le pidió a Meza Hurtado que fije el monto del soborno.

También se le acusa de haber recibido presuntamente S/15,000 para absolver a una acusada por tráfico ilícito de drogas en el 2015, cuando fue presidente de la Primera Sala de Apelaciones de Piura.

A Luis Cevallos Vegas, en uno de los cinco casos, se le investiga de haber recibido presuntamente $15,000 de parte de Luis León para favorecer a Paul Orozco y revocarle la prisión preventiva e imponerle comparecencia con restricciones en abril del 2015. Orozco fue intervenido con 19 kilogramos de droga.

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Tulio Villacorta Calderón es acusado de haber recibido 15 mil soles de León More para favorecer a un sentenciado por violación con la nulidad de su condena en el 2015.

Por el mismo caso se le sindica al magistrado Yone Li Córdova, quien por ese entonces era integrante del colegiado presidido por Tulio Villacorta.

El expresidente de la Junta de Fiscales de Piura, Guillermo Castañeda Otsu, es investigado por presuntamente haber recibido por intermedio de una tercera persona, la cantidad de S/3,000 por no apelar una sentencia de libertad suspendida que se le impondría a Daniel Robles Navarrete por el presunto delito de tentativa de robo agravado.