El órgano de control señala que no era necesario ni viable crear un directorio para la administración y funcionamiento del Hospital Universitario, ubicado en el distrito de Castilla. Entre los funcionarios involucrados se encontraría el exrector prófugo de esta casa de estudios, Omar Vences Martínez.
El órgano de control señala que no era necesario ni viable crear un directorio para la administración y funcionamiento del Hospital Universitario, ubicado en el distrito de Castilla. Entre los funcionarios involucrados se encontraría el exrector prófugo de esta casa de estudios, Omar Vences Martínez.

La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la , descubrió la irregular designación, aprobación y pagos de subvenciones sin sustento a los miembros del directorio del Hospital Universitario, ocasionando un perjuicio económico de S/ 207,562 en esta casa superior de estudios. Asimismo, se determinó responsabilidad de 25 funcionarios y exfuncionarios de la UNP.

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Informe

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 004-2022-2-0203-AC, se evidenció que no era necesario ni viable la creación de un directorio para la administración y funcionamiento del Hospital Universitario, puesto que el mencionado órgano de dirección no se encontraba establecido en los documentos de gestión de la universidad y el convenio interinstitucional suscrito entre la UNP y EsSalud establecía quiénes serían los responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones para la ejecución del mismo. Por ello, no correspondía el pago de subvenciones económicas a los miembros del directorio, pues estaría al margen de la normativa establecida, lo cual causó un perjuicio económico a la entidad.

Esta situación se habría originado por el proceder de los funcionarios que participaron en la designación de los miembros del directorio sin el sustento legal de los documentos de gestión, así como por la aprobación del pago de subvenciones económicas y la posterior incorporación sin sustento de un miembro adicional al directorio creado.

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Además, esto se habría generado por el proceder de los funcionarios y servidores que participaron en todas las etapas relacionadas con el procesamiento del pago, toda vez que las mismas fueron aprobadas sin observar la normativa legal vigente.

El documento advierte que al autorizarse al rector la firma del convenio, se designó también como miembro del directorio a quienes de manera previa fueron designados como coordinadores de la implementación del citado contrato, toda vez que según esa última resolución, estarían encargados de realizar acciones pertinentes para el funcionamiento del Hospital Universitario, sin embargo no se advierte que este acto administrativo haya sido motivado por algún otro documento que señale y sustente la necesidad de un directorio ni el detalle de las funciones específicas que deberían realizar incorporándose, además, a un miembro adicional como integrante del citado directorio. Bajo ese contexto se advierte una evolución de cargos, siendo que pasaron a ser coordinadores del convenio a miembros del directorio del hospital, sin que exista ningún documento interno que sustente dicho cambio.

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Mientras tanto, el OCI identificó presunta responsabilidad civil y/o administrativa en 25 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, de los cuales 24 tienen presuntas responsabilidades de tipo civil e incluye al exrector de la UNP, Omar Vences Martínez, quien tiene mandato de prisión preventiva por un presunto desfalco de S/ 2.5 millones de las maestrías dictadas en Ecuador.