El Ministerio Público realizó las investigaciones, las mismas que fueron sustentadas ante el juzgado en mención. (Foto: Difusión)
El Ministerio Público realizó las investigaciones, las mismas que fueron sustentadas ante el juzgado en mención. (Foto: Difusión)

Ocho de los 23 acusados por presuntos delitos de y cohecho pasivo en el ejercicio de la y otros, deberán de afrontar la investigación que pesa en su contra en la cárcel, según lo dictó el

Precisamente, la magistrada María Candelaria Morales Segura, dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de estas personas, quienes ya fueron instalados en los establecimientos penitenciarios que administra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la región Puno.

Se trata de los imputados Miguel Vilca Chicata, Yuri Chayán  Abado Humpiri, Yerald Edixon Cacya Tejada, Yony Apaza Espirilla, Lucero Marilu Saavedra Ccuno, Efraín Chambilla Larico, Alexander Yonatan Vilca Camargo y Gonzalo  Medina Méndez; todos ellos fueron detenidos en megaoperativo realizado por las autoridades anticorrupción.

De la misma forma el juzgado dictó la medida de comparecencia con restricciones para los otros 15 investigados en este caso, quienes afrontarán el proceso en libertad, pero dando cuentas de sus actividades a la Policía Judicial.

Antecedentes

Cabe recordar que, los implicados fueron detenidos el pasado 8 de noviembre en un operativo realizado en forma simultánea en las ciudades de Juliaca, Arequipa y Huarmey – Ancash, luego que el juzgado en mención, autorizara la realización del operativo que estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, junto a los agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional.

Los 23 implicados cumplían detención preliminar por un plazo de 15 días, tiempo en el que el Ministerio Público realizó las investigaciones correspondientes, las mismas que fueron sustentadas ante el juzgado en mención.

A los efectivos policiales se les acusa de utilizar su condición para beneficiarse económicamente con operativos, retenciones de vehículos y liberación de los mismos, durante la pandemia de la COVID-19.