El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno dictó 24 meses de prisión preventiva contra ocho investigados por su presunta participación en una organización criminal dedicada al contrabando agravado en zonas fronterizas.
La medida fue ordenada por la jueza María Candelaria Morales Segura, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y contrabando agravado.
Entre los investigados figuran Rubén T.A., Mario Ronald S.R., Elmer Alejandro A.M., Fraydy P.L., Herbert L.E., Percy Romario R.Cc., Lucila S.J. y Jaime C.C., mientras que otros implicados en el caso permanecen prófugos.
Investigación apunta a red dedicada al contrabando en la frontera
Según la tesis fiscal, los investigados integrarían una presunta organización criminal que operaba evadiendo los controles aduaneros en zonas fronterizas para transportar mercadería de contrabando.
Las diligencias fiscales incluyeron acciones de seguimiento y vigilancia desde el año 2024, centradas principalmente en el sector de Tilali, en la provincia de Moho, así como en rutas que comprenden localidades como Samán y Huancané.
De acuerdo con la investigación, en estas rutas se habrían realizado cobros ilícitos para permitir el tránsito de camiones cargados con productos que ingresaban de forma irregular.
Presunta participación de efectivos policiales
La Fiscalía sostuvo que esta red criminal habría contado con la participación de efectivos policiales, quienes presuntamente facilitaban el paso irregular de mercancías a cambio de beneficios económicos.
Esta presunta actuación habría afectado el correcto funcionamiento de la administración pública y los controles aduaneros del Estado.
Entre los elementos de convicción presentados ante el juzgado se incluyen registros de llamadas entre los implicados, evidencias de pagos, apuntes y documentación relevante, que sustentarían la presunta vinculación de los investigados con los hechos investigados.
Juzgado consideró riesgo de fuga y obstaculización
Tras evaluar los elementos expuestos por el Ministerio Público, el juzgado determinó que existen graves y fundados elementos de convicción sobre la presunta comisión de los delitos imputados.
Asimismo, se consideró que existe peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la actividad probatoria, razones por las cuales se dispuso la medida de prisión preventiva por un plazo de 24 meses, mientras continúan las investigaciones.
