Protestaron durante audiencia de prisión preventiva de asesinos. Puno. Foto/Difusión.
Protestaron durante audiencia de prisión preventiva de asesinos. Puno. Foto/Difusión.

Pobladores del centro poblado La Rinconada, del distrito de Ananea, en la provincia de San Antonio de Putina, se trasladaron ayer a las instalaciones del Departamento de investigación Criminal (Depincri) de Juliaca, para exigir justicia por el asesinato de dos vigilantes durante un asalto en la perpetrado el 24 de noviembre en el sector Antahuila. En su clamor también piden acciones para enfrentar la inseguridad ciudadana.

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Con pancatas, los manifestantes pedían que la muerte de Yojan Cutiri Ramírez (24) y Reynaldo Mamani Pari (23) no quede impune. Mientras se desarrollaba la audiencia de prisión preventiva exigían que se aplique la máxima sanción para los presuntos asesinos Valdemar Magno Gutiérrez Vargas (22), Gilver Wilfredo Pacheco Luna (38) y René Coarite Quispe (39).

Estas tres personas serían parte de los más de 20 delincuentes que cometieron el atraco en la planta de operaciones de la Central de Cooperativas Mineras de La Rinconada y Lunar de Oro (Cecomil), donde acribillaron a los agentes de seguridad por intentar evitar el asalto.

Su captura se logró a presión de los lugareños, y luego que la policía de las comisarías de Ananea, Cojata y localidades aledañas realizaran un operativo que culminó con la captura de los hampones en un hospedaje. La camioneta utilizada para el asalto fue reconocida por los denunciantes. Además de armamento, se les encontró chalecos antibalas y otros elementos para sus fechorías.

Sin control

Este es solo uno de los tantos casos que se registran a diario en La Rinconada, Cerro Lunar de Oro y otras cooperativas mineras de Ananea. Según Edwin Ajahuana Mayta, presidente de Cecomil, solo dos de 10 asaltos son reportados a la policía, y en un año, se registran cerca de 100 muertes, la mayoría por asaltos a mano armada.

En la comisaría de La Rinconada laboran 40 efectivos policiales por turnos, quienes tiene que atender aun población flotante de 40 pobladores. Su capacidad operativa se ve reducida ante el equipamiento y organización de las bandas delictivas que han tomado el control de la zona donde operan 468 operaciones mineras.

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Acciones

Ajahuana señala que desde tiempo han solicitado que la actividad minera en La Rinconada tenga un tratamiento especial, por el impacto social y medio ambiental que tiene sumida a la población en permanente peligro por la ola delincuencial.

Mencionó que se ha presentado una iniciativa a la comisión de energía y minas del Congreso de la República para que se declare en emergencia este sector por alta incidencia delictiva.  el proyecto deberá estar acompañado de un plan integral que vaya de la mano con el proceso de formalización minera.