Indignados ciudadanos claman la devolución de sus aportes. Puno. Foto/Difusión.
Indignados ciudadanos claman la devolución de sus aportes. Puno. Foto/Difusión.

Pobladores presuntamente estafados por falsas cooperativas de ahorro que montaron un negocio con una estructura piramidal, se movilizaron y realizaron plantones pidiendo la devolución de su dinero, que entre todos los socios superaría los S/60 millones.

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Los manifestantes sindicaron a Gary Pacsi Mamani, que tenía su centro de operaciones en la Constructora e Inmobiliaria K’leg S.A., ubicada en el pasaje Grau # 365 de Puno. Indicaron que esta persona, junto a miembros de la policía, ofrecían ganancias de 10% por intereses al monto invertido de su dinero.

Los supuestos trabajadores, con el testimonio de algunos beneficiarios, dieron fe de las devoluciones del monto prometido. Este era el anzuelo para captar a más clientes, que invirtieron entre 10 mil a 150 mil soles.

“Ellos eran los jaladores”, dijeron mientras hacían un plantón frente a la comisaría y la Macrorregión Policial de Puno, debido a que varios agentes supuestamente involucrados cumplieron el rol de analistas de crédito para captarlos para formar parte de este negocio piramidal.

Organización criminal

Se sindicó a Jesús Gamarra Huaquipaco, Rosalía Ticona Llanque, Richard Mamani Ramos como los policías que se prestaron para esta supuesta estafa. Mientras que Marilú Llasca, Pamela Mamani, Jhosep Coila, María Vargas, Yessenia Pinto, Yusque Huallpa, Noemí Flores, Joseph Mendoza y Carla Murrugarra serían los “jaladores”.

Entretanto, manifestaron que Consuelo Mamani, Rodolfo Mendoza, Norma López, Edwin Yucra y Boris Ávila, además de los expolicías Michael Capaquira y Juan Pilco serían los socios de Gary Pacsi, quien también habría involucrado a otros de sus familiares.

Los afectados señalaron que se trataría de una organización criminal que opera en Puno, Juliaca, Cusco, Tacna, y Arequipa, y que en más de un año habrían estafado aproximadamente 7 mil personas.

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Acciones

Durante las protestas que realizan desde hace dos días, los agraviados exigen a intervención de las autoridades, especialmente del Ministerio Público, por tratarse de una supuesta red criminal en el sur del país.

Advirtieron que algunos de los policías implicados harían solicitado su cambio a otras regiones para evadir responsabilidades. También exigen que el jefe de la X Macrorregión Policial se pronuncie sobe este escandaloso caso que daña la imagen de su institución.