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Un nuevo choque entre la justicia consuetudinaria y la justicia ordinaria se registró en la región Puno, a propósito del asesinato ocurrido en el distrito de San Gabán, en contra de una madre de familia, cuyo victimario fue su propia pareja y sus presuntos cómplices.
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El caso inicia el 9 de enero pasado, cuando Rosa Mendoza Ccasa desapareció en la selva de la provincia de Carabaya, generando preocupación entre sus familiares y hasta su propia pareja identificado como Richard García Chislla.
Fue precisamente las contradicciones en las que cayó García Chislla, lo que permitió que los ronderos campesinos de Carabaya notaran incongruencias en la versión de la desaparición, por lo que decidieron detenerlo.
Con el peso de la conciencia y al no sostener un solo argumento, el esposo de Rosa Mendoza confesó haberla asesinado junto a su cómplice llamado Juvenal Ochihua Omonte, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia.
Los ronderos también detuvieron a la señora Agustina Sucapuca Mamani, quien fue la pareja extramatrimonial de Richard García y por quien habría decidido asesinar a su mujer.
Las rondas campesinas decidieron imponer la llamada “cadena ronderil”, que es la detención de los sospechosos en todas las bases de la provincia de Carabaya. La cadena fue en presencia de los pobladores, acompañado por medios de comunicación locales y autoridades de la zona.
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No obstante, el Ministerio Público inició un proceso en prevención del delito contra el presidente de las Rondas Campesinas de Carabaya y los dirigentes de esta misma organización.
En la notificación se les exhorta a entregar a la PNP a los sospechosos, así como evitar cualquier hecho que pudiera iniciar acción legal o penal.
El jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona Huamán, señaló que faltan implementar acciones de diálogo entre los representantes de ambas justicias, puesto que son complementarías, tienen límites y reconocidas en la Constitución Política del Perú.
