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El Ministerio Público intervino la oficinal zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) tras la denuncia de presuntos cobros irregulares para obtener la titulación de terrenos que se darían en la entidad estatal.
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La fiscal Judith Alvarez Becerra en compañía del Coordinador Regional de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Tacna, Reynaldo Coayla Mamani, efectuaron las diligencias en la jefatura para recabar información respecto a los procesos de titulación de terrenos presentados durante el 2022.
Denuncia en la fiscalía
El procurador Anticorrupción mencionó que denunció por el presunto delito de cohecho pasivo propio al jefe zonal del COFOPRI, Antonio Sotelo Calderón, y los que resulten responsables por los presuntos cobros para obtener la titulación de predios que fue advertido por dirigentes a través de audios y pedían la salida del funcionario por solicitarles dinero para darles el título.
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Durante la diligencia se realizó la exhibición de documentos y el recojo de expedientes de tres asociaciones de vivienda que están en proceso de titulación ante el Cofopri. El procurador pidió que los dirigentes que denunciaron el presunto acto de corrupción hagan la entrega de los audios como prueba.
Como se recuerda, el excongresista Héctor Maquera dio cuenta que escuchó un audio donde el funcionario de COFOPRI pide presuntamente dinero a un dirigente para obtener la titulación.
Cofopri investiga
Mediante un comunicado el COFOPRI Nacional informó que inició una investigación en la Unidad Funcional de Integridad Institucional sobre los presuntos cobros irregulares y recibido los reclamos de los dirigentes de asociaciones de vivienda del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa hechos por funcionarios y el jefe zonal en Tacna.
El escrito indica que Cofopri reitera su absoluto compromiso con la integridad y no tolerará ningún tipo de falta ética o corrupción asociada a los procesos de formalización que perturben el logro de la meta anual o vulneren los derechos de los ciudadanos. Señala el documento que todos los procedimientos que realiza son gratuitos en beneficio de las familias que viven en posesiones informales y requieren los títulos de propiedad para obtener seguridad jurídica, acceso a programas sociales y créditos.
