El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante Oficio N° 00369-2023-SG/JNE respondió a la consejera regional Juliana Isabel Jungbluth Nieto, en su condición de presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, sobre el pedido de opinión técnica a la resolución del Poder Judicial que revocó la cesación de la detención domiciliaria de Luis Torres Robledo.

El documento tiene como fecha de expedición el 6 de febrero, pero recién ayer en la mañana fue notificada por mesa de partes del Gobierno Regional de Tacna. La consulta se hizo mediante Oficio N° 012-2023-COF-CR/GRT.

Cese de detención domiciliaria

La presidenta de la Comisión de Fiscalización había solicitado al máximo órgano electoral opinión técnica sobre sobre la resolución judicial de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna que declaró fundado el pedido del Ministerio Público para revocar la cesación de la detención del gobernador regional Luis Torres Robledo.

El JNE a través de la Secretaría General refiere que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones es la autoridad jurisdiccional competente para conocer en vía de recurso de apelación o de convocatoria de candidato no proclamado, los procesos de vacancia y suspensión de autoridades municipales y regionales conforme a las causas y los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR).

Consultas de carácter genérico

Asimismo, agrega que según el artículo 5, literal p, de su ley orgánica, el JNE solo está facultado para absolver las consultas de carácter genérico no referidos a casos concretos, que los Jurados Electorales Especiales y los demás organismos del sistema electoral le formulen con relación a la aplicación de las leyes electorales, pero no para emitir opinión o absolver consultas sobre casos concretos efectuadas por otras entidades públicas.

No obstante, le recuerdan a la presidenta de la Comisión de Fiscalización Juliana Isabel Jungbluth Nieto que todo gobierno regional cuenta con una oficina de Asesoría Jurídica, entre cuyas funciones está absolver consultas sobre diversas materias legales, como la electoral, que los funcionarios de una entidad le formulen con relación a los intereses institucionales.


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