La Contraloría General de la República (CGR) detectó que la Universidad Nacional de Tumbes (UNT) contrató a personas impedidas de trabajar para el Estado, durante el periodo 2020 – 2022, sin ser observado y fue gestionado de forma irregular por la jefa de Abastecimiento y el director General de Administración.
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En ese sentido, se hallaron inconsistencias y errores en requerimientos y proformas, faltas de sellos y fechas, órdenes de servicio emitidas posterior al inicio del mismo, entre otros, vulnerando el correcto funcionamiento de la administración estatal.
El informe de control específico N° 005-2023-2-3550-SCE, reveló que la UNT contrató a Luis Alberto Puño Rojas como asistente administrativo para el Instituto de Idiomas y docente en la Facultad de Ciencias Sociales, sin remitir los Términos de Referencia (TDR), de diciembre de 2020 a julio de 2022, percibiendo un total mayor a los S/39 mil, pese a encontrarse impedido por ser hijo de un excongresista Napoleón Puño Lecarnaqué, quien hasta la fecha es docente nombrado de la universidad.
Asimismo, la comisión de control detectó un caso de nepotismo al identificar que Teresita Del Jesús Cruz Espinoza, sobrina del rector, que actualmente se encuentra de licencia, fue contratada sin TDR, como administrativa en la Facultad de Ciencias Agrarias, recibiendo un aumento de sueldo en el periodo 2022, a comparación del año anterior, cuando el funcionario no era la máxima autoridad.
Además, se verificó que el servidor omitió considerar a la hija de su hermano en la declaración jurada de intereses, a pesar a ser de tercer grado de consanguinidad.
De igual manera, se comprobó la contratación, sin requerimiento del área usuaria, de Edgar Agustín García Baca, cuñado de la jefa de Abastecimiento como apoyo en laboratorios de la Escuela de Ingeniería pesquera Acuícola (2021), y supervisor de limpieza (2022), lo que generó nepotismo y omisión al impedimento de trabajar en el sector público, al no poder participar como postor, contratista u otro.
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Respecto a ello, la funcionaria Gianina Fernández Baca Morán no presentó la declaración jurada de conflicto de intereses ante la Contraloría General, a pesar de su obligatoriedad. El locador recibió pagos de un total de S/54 mil.
También se evidenció el vínculo laboral generado por la universidad por el servicio de vigilancia con Jimmy Brayn Carlos Namay Olivares, hijo del supervisor de esa área, aunque se encontraba impedido por el puesto que ocupaba su padre, Grover Pedro Namay Castillo, quien a su vez le brindaba las conformidades laborales. Adicionalmente, no cumplía con los requisitos de acreditar experiencia de 3 meses en la actividad o afines y con presentar la copia de la licencia para portar arma de fuego.
Por otro lado, los 4 locadores presentaron sus declaraciones juradas de no tener impedimento para prestar servicios en el sector público o tener grado de parentesco con los funcionarios; sin embargo, dicha información habría faltado a la verdad, incumpliendo el principio de presunción de veracidad.
Tras las irregularidades determinadas, se identificó a 4 funcionarios con presuntas responsabilidades, de ellos 3 con administrativa a cargo de la entidad, 2 bajo el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría y 1 de tipo penal.
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