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Un perjuicio económico de S/ 3′745 628,67 es lo que ha detectado la Contraloría en el interior de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes por pagos irregulares a trabajadores por concepto del Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo (Cafae), los cuales fueron efectuados en entre julio del 2019 y febrero del 2022.
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Precisamente, uno de los motivos del paro de 48 horas que anunció el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Diresa de Tumbes, el cual iniciará mañana, es la reducción del Cafae desde el mes pasado.
Para el titular de Diresa, Rommell Veintimilla González Seminario, este reclamo sería injustificado, teniendo en cuenta el reciente informe emitido por la Contraloría que revela un millonario perjuicio económico al Estado.
Irregularidad
En exclusiva, Correo accedió al informe N° 007-2022-2-0827 en el que se detallan las presuntas irregularidades en el desembolso de dinero para los trabajadores administrativos de la Diresa.
En el documento se lee que “de la información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) referida a la aprobación y pago de incremento por concepto de incentivo único - Cafae otorgado al personal contratado bajo el régimen laboral N° 276, se ha evidenciado que entre julio el 2019 a febrero del 2022, en la Diresa de Tumbes se aprobaron y pagaron incrementos por el concepto en mención, sin considerar la normativa vigente para su otorgamiento”.
Con ello se advierte que se transgredieron las leyes del Procedimiento Administrativo General y del Presupuesto del Sector Público para los años fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022.
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Responsabilidad
En el informe de contraloría se precisa que el hecho antes mencionado fue ocasionado por funcionarios de distintas áreas de la Diresa.
Sin embargo, se hace hincapié en el actuar de los jefes de Remuneraciones, directores ejecutivos de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, directores de la oficina de Asesoría Jurídica, directores regionales de Salud y directores ejecutivos de administración.
El pago irregular se realizó durante las gestiones de los exdirectores ejecutivos de Diresa, Hugo Alfredo García Azañedo y Harold Leoncio Burgos Herrera, además del actual director Rommell González Seminario.
La Contraloría ha detectado presunta responsabilidad civil en 21 exservidores públicos y funcionarios de la entidad del sector Salud.
De ese grupo hay 11 que están sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloría, ellos son Harold Burgos Herrera, Rommell González Seminario, Yesenia Anilú Garay Cedillo, Orlando Quevedo Escobar, Óscar Fernando Sandoval Severino y Ruber Dennys Olaya Luna.
También figuran Dante Roger Oviedo Correa, Jhon Alberto Mogollón Camacho, Hildebrando Mariñas Zárate, Brayan Smith Astudillo León y José Luis López Lizano.
Recomendación
La Contraloría recomendó al director de Diresa que realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondan a los funcionarios y servidores públicos involucrados.
Además, a través de la Procuraduría, se instó a dar inicio a las acciones legales civiles contra los presuntos responsables.
