La Contraloría detectó que la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, en la región Tumbes, en un servicio contratado para asistencia técnica y legal en la recaudación y fiscalización de tributos, calculó el valor estimado en base a cotizaciones de empresas que no cumplían con lo requerido en los términos de referencia (TDR), en consecuencia, uno de ellos y el único que participó obtuvo la buena pro para la ejecución.
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El hallazgo
En el informe de control específico N°15-2022-2-5353-SCE se advierte que el Órgano encargado de las Contrataciones solicitó tres ofertas para obtener el valor estimado, de las cuales una de las empresas consignaba en la Sunat como actividades económicas: mensajería, fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo de oficina, rubro distinto a la naturaleza del servicio.
Adicionalmente, se constató que dicha empresa no estaba ubicada en la dirección señalada en su cotización y los habitantes del lugar no la conocían.
Asimismo, el segundo postor realizó servicios de gestión de cobranza y fiscalización tributaria, más no sustentó haber prestado trabajos en asesoría técnica en fiscalización y/o recaudación tributaria, conforme lo solicitado en los TDR. La tercera propuesta ofertó el menor monto, por S/ 395 mil, con un plazo de ejecución de 150 días calendarios, siendo la elegida para designar el valor estimado en las bases.
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La comisión de control evidenció que, en el proceso de selección, el subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial determinó el valor estimado utilizando como metodología la elección del menor precio de las 3 ofertas. Además, incluyó en las bases que los postores que declaren tener la condición de Micro y Pequeña Empresa (MYPE), se debían acreditar con experiencia de S/100 mil por la venta de servicios iguales o similares, consignando un importe mayor al permitido por la normativa, que establece es el 25% del valor estimado (S/ 98 mil), limitando la participación y libre competencia.
Posteriormente, el tercer ofertante participó como único licitador, dándole la buena pro y otorgándole la máxima puntuación, pese a que no acreditó la formación académica de sus profesionales, tales como maestría y especializaciones, y si bien había realizado trabajos de asesoría técnica en fiscalización y/o recaudación tributaria, el importe de estos era menor al exigido en las bases del proceso de selección.
Responsable
Contraloría identificó presunta responsabilidad penal, administrativa y funcional en Javier Eca Eche, subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial de la entidad. Del mismo modo, en virtud a la documentación sustentatoria se encontró como tercero participe a la empresa ganadora de la buena pro.
Cabe precisar que el servicio de control específico comprende el periodo de 5 de noviembre de 2021 al 16 de noviembre de 2022.
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