Durante los años 2017 y 2018 se efectuaron pagos a un proveedor y al subgerente de Tesorería, por servicio de elaboración de expedientes técnicos y consultoría valorizados en S/ 551,235 que no fueron realizados.
Durante los años 2017 y 2018 se efectuaron pagos a un proveedor y al subgerente de Tesorería, por servicio de elaboración de expedientes técnicos y consultoría valorizados en S/ 551,235 que no fueron realizados.

Un caso de servicios ha sido detectado por la Contraloría en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, en la que se ha originado un perjuicio económico superior al medio millón de soles.

Correo accedió en exclusiva al informe de control específico N° 10136-2020-CG/GRTB-SCE en el que se detalla que 11 funcionarios poseen responsabilidad penal y administrativa.

Cabe mencionar que la investigación efectuada por la Contraloría abarca los años 2017 y 2018, periodo en el que se detectó el perjuicio de contra la entidad edil por S/ 551,235.


CASO

De acuerdo al informe, durante los años antes mencionados se efectuaron pagos al proveedor Luis Guillermo Prialé Domínguez y al propio subgerente de Tesorería de la comuna aguaverdina, Edinson Alexánder Elizalde Seminario, por servicios que nunca se realizaron.

Al analizar la data del Sistema Integrado de Control de Adquisiciones (Sicad) y el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf), se detectó que a Prialé Domínguez se le pagó S/ 543,235 y a Elizalde Seminario S/ 8,000, éste último era funcionario de la entidad y a la vez proveedor.

Según la información recabada, los pagos se realizaron para la elaboración del expediente técnico de la obra “Mejoramiento y protección de la infraestructura de evacuación de aguas pluviales de la quebrada Piedritas y disminución de la vulnerabilidad del distrito de Aguas Verdes”.

También para estudios de mecánica de suelos, impacto ambiental y topográfico de la “Ampliación y mejoramiento del colegio Gran Chilimasa”, además de estudios para una obra de protección contra inundaciones del río Zarumilla.

En la lista también figuran estudios para la creación y equipamiento de la casa de la juventud, estudios de pre inversión para un centro de monitoreo de seguridad ciudadana, reformulación de un expediente técnico de infraestructura vial, reposición de veredas y elaboración de directivas de gestión municipal.

En total se emitieron 24 comprobantes de pagos, por servicios no ejecutados.

La Contraloría precisa que esta situación se originó debido a que funcionarios de la gerencia municipal, gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, Planificación y Presupuesto, Abastecimiento y Logística, Tesorería y Contabilidad, valiéndose de su cargo realizaron actos indebidos para defraudar al Estado.

Entre los presuntos responsables figuran Diego Carrión, César Rimaycuna, Franco Sánchez, Giseela López, Pedro Mendoza, Irvin Zárate, Edinson Elizalde, Jesús Bereche, entre otros.