La cantante Shakira se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, por lo que la Fiscalía le pide una condena de ocho años y dos meses de cárcel, con la puerta abierta a un pacto.
A las 10.00 de esta mañana está previsto que empiece en el Palacio de Justicia de Barcelona el juicio contra la cantante, aún con la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Generalitat -acusaciones particulares en la causa- que rebaje su condena a mínimos a cambio de que reconozca el fraude ante el tribunal.
De fructificar el acuerdo, el juicio se limitaría a un breve trámite en el que la artista colombiana, desde el banquillo, tendría que admitir que defraudó a Hacienda y ratificar el acuerdo con las acusaciones, que le garantizaría no entrar en prisión a cambio de pagar una multa millonaria.
De acuerdo con el guion programado, si un pacto de última hora no lo impide, la vista comenzará con el trámite de cuestiones previas, que la defensa de Shakira podría aprovechar para pedir a la sala que permita a la cantante declarar al final del juicio, tras los testigos y las periciales, y ausentarse de la vista hasta el día de su interrogatorio.
Y es que está previsto que el juicio, que se celebra en la sección sexta bajo la presidencia del magistrado José Manuel del Amo, se prolongue durante doce sesiones: los días 20, 22, 23, 28, 29, y 30 de noviembre y 4, 5, 11, 12, 13 y 14 de diciembre, fechas que están sujetas a posibles cambios de agenda de última hora.
Hasta 117 testigos, además de los peritos e inspectores de Hacienda, desfilarán en los próximos dos meses ante el tribunal, que debe resolver si, como mantiene la Fiscalía, la artista colombiana simuló tener residencia fiscal en Bahamas para burlar su obligación de pagar impuestos a la Hacienda española.
No es este el único frente judicial que tiene abierto la cantante por presunta evasión de impuestos: un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) la investiga desde el pasado de mes de julio a raíz de otra querella de la Fiscalía que la acusa de defraudar más de seis millones en el IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.
En el juicio que hoy comienza, la Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones para la artista por seis delitos contra la Hacienda pública que, individualmente, no superan los dos años de cárcel, lo que abre la puerta a que, en caso de condena, el tribunal suspenda su entrada en prisión.
Shakira ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que la Fiscalía le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena.
La tesis en que la Fiscalía basa su acusación de fraude fiscal es que la cantante vivía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014: primero en Barcelona y después en una vivienda de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
De esa forma, según el ministerio público, la acusada permaneció en España de forma efectiva 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014, en todos los casos por encima de los 183 días al año que, de acuerdo con la ley, la convertían en residente fiscal en España, con la obligación de tributar en este país por toda su renta mundial, con independencia de donde se hubiera producido.
Para evitar tributar en España, añade la Fiscalía, Shakira “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, que ocultaban su renta y su patrimonio a la Agencia Tributaria española y catalana.
Un criterio del que discrepa la defensa, ejercida por el despacho de abogados Molins de Barcelona, que asegura tener pruebas “fehacientes” de que la artista fue residente fiscal en Bahamas desde 2004 hasta finales de 2014, cuando se afincó en Barcelona a raíz de su relación con el futbolista Gerard Piqué.
Para aclarar cuántos días pasó en España la triunfadora en los últimos premios Grammy, será clave la declaración de los testigos, entre los que figuran desde vecinos, trabajadores del centro de estética al que acudía, sus dos ginecólogos o sus peluqueros hasta sus profesores de zumba y fitness.
La lista de testigos, en la que no está su ex Gerard Piqué pero sí su anterior pareja Antonio de la Rúa, incluye además a celebridades del mundo de la música o el fútbol, como los hermanos José y David Muñoz de Estopa, el cantante de Maná Fernando Olvera o el chef Hideki Matsuhisa.
