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Este domingo 14 de febrero se celebraron elecciones en Cataluña y el proceso fue, una vez más, evidencia de que el sentir independentista sigue presente en esa región de España. Aunque el Partido Socialista es el que ha obtenido más votos (33 de 135 escaños en el Parlamento regional), son los partidos prosecesionistas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya, los verdaderos vencedores.
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ERC (33 escaños) y Junts (32) controlan casi la mitad de las curules necesarias para decidir sobre asuntos internos, pero que también tienen trascendencia nacional e internacional. Uno de los puntos más peliagudos es el deseo de separar a Cataluña de España, algo que ya se intentó en 2017, tras un referéndum que Madrid consideró ilegal y que no tiene visos de concretarse por el momento. Pero mientras la independencia política es un tema que puede demorar, se apuesta por la independencia cultural, y una de las ramas en esa batalla es la lengua.
Los independentistas ven el idioma catalán (hablado por aproximadamente 10 millones de personas; la mayoría dentro de España, pero también en Italia, Francia y Andorra) como un motor de identidad pero también –quizás– como arma política.
En 2012, el informe “Los proyectos lingüísticos de la escuela pública catalana: la marginación del castellano” reveló que ningún colegio o instituto en Cataluña cumple con la exigencia judicial que establece que un 25% de la enseñanza debe impartirse en castellano. Hace pocos meses, en noviembre de 2020, el ERC exigió que se elimine de la Ley Orgánica de Educación que el castellano sea “lengua vehicular de enseñanza”. Es decir, que no sea obligatorio que se enseñe en castellano, al menos en Cataluña.
Las aspiraciones que tienen los independentistas para el catalán también ascienden al plano internacional. En agosto pasado, el ERC instó al Gobierno español que proponga al catalán como una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Lo compara con el gaélico (irlandés), que con muchos menos hablantes, asegura el partido, dispone de “plena traducción e interpretación en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo”.
Historia y legislación
El siglo pasado fue el que definió la situación presente del catalán, pues se elaboraron leyes dirigidas estrictamente a la lengua. La primera de ellas fue la Constitución republicana de 1931. En su artículo 4, se establecía literalmente: “El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.”
En otras palabras, si bien el catalán era reconocido como lengua oficial, no tenía el mismo rango del castellano en España. Pero, a nivel estrictamente regional, Cataluña emitió su Estatuto de Autonomía de 1932. Allí, se declaró que el catalán sea lengua oficial y permitió una activa política de apoyo a su enseñanza dentro de Cataluña.
Tras la Guerra Civil (1936-1939) y el establecimiento del franquismo en el Gobierno español, el catalán entra en un periodo de persecución. La dictadura y su política nacionalista instauraron el uso exclusivo del castellano en la educación, en la edición de libros, periódicos o revistas.
Solo con el arribo de la democracia, a la muerte del dictador Francisco Franco (1975), las lenguas regionales como el catalán tienen un respiro. La Constitución de 1978 reconoció la pluralidad lingüística y estableció que las lenguas españolas diferentes al castellano podían ser oficiales en las jurisdicciones donde se hablen. Los Estatutos de Autonomía de Cataluña (1979) y de las Islas Baleares (1983) reconocían el catalán como lengua propia de estos territorios y la declararon lengua oficial junto con el castellano, y también lo hizo, con la denominación legal de valenciano, el del País Valenciano (1982). De manera paralela, la Constitución de Andorra (1993) estableció que el catalán es la lengua oficial de dicho Estado.
Al amparo de los Estatutos, los Parlamentos autónomos de Cataluña, las Islas Baleares y el País Valenciano aprobaron leyes de apoyo a la lengua catalana, que la introdujeron en la escuela, la administración pública y los medios de comunicación.
En 1983, aparece la Ley de Normalización Lingüística, que puso en marcha un proceso que daba impulso a la recuperación del conocimiento y uso del catalán sobre tres grandes ejes: institucional, medios de comunicación y enseñanza. El aspecto educativo fue esencial. Se estableció la obligación de que el catalán y el español sean enseñados en la escuela. Asimismo, se diseñaron programas de inmersión lingüística precoz, que consisten en crear un contexto donde la lengua catalana sea la propia de la escuela. La lengua castellana se añade progresivamente.
En el Estatuto de Autonomía 2006, se da un cambio legal importante al formalizar que los ciudadanos de Cataluña tengan el deber de conocer tanto el catalán como el castellano, aunque no se pueda discriminar por razón de lengua.
Todos estos cambios revitalizaron el catalán a un punto que se ha denunciado que Cataluña avanza hacia un monolingüismo en detrimento del castellano.
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