La Cámara de Diputados de Argentina inició este lunes el debate de una ley impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei, que contempla una serie de polémicas reformas para desregular la economía, en una versión acotada de otro proyecto que fracasó en el parlamento en febrero.
La propuesta incluye la declaración de la emergencia económica y energética por un año, la delegación de facultades del parlamento al Ejecutivo, la reforma del Estado, la laboral, un régimen de incentivo a las grandes inversiones y cambios en la ley previsional, además de fijar una decena de empresas del Estado sujetas a privatización.
Milei, quien no ha conseguido la aprobación de una ley hasta el momento y ha dicho que avanzará en su plan de gobierno con o sin el apoyo del Congreso, festejó el domingo sus “logros económicos” a pesar de los reveses legislativos.
“La política estuvo todo el tiempo tratando de meter palos en la rueda y, a pesar de la política, lo estamos logrando y no vamos a cambiar el rumbo”, dijo al canal LN+ el mandatario que suele denostar de los políticos tradicionales a los que se refiere como “la casta”.
La ley contiene unos 230 artículos, un tercio de los incluidos en una ambiciosa reforma que se hundió en febrero en el parlamento, donde el oficialismo no controla ninguna de las dos cámaras.
Se estima que la sesión se prolongará por unas 30 horas.
Cuestionamientos
La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, criticó el capítulo laboral y previsional porque “ataca las condiciones de vida de las mujeres”, dijo. “Si se aprueba nueve de cada diez mujeres no se van a poder jubilar”, señaló y alertó que permitirá mayor discriminación laboral.
El diputado Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria, peronismo), consideró que el régimen de incentivo a las inversiones representa “una invitación a todos los cárteles de la droga a que vengan a un nuevo paraíso fiscal” y llamó a “votar en contra para que Argentina no se transforme en una guarida de la mafia”.
En la calle, manifestantes repudiaron el proyecto en el marco de una concentración convocada por sindicatos y partidos opositores.
El diputado oficialista José Luis Espert (La Libertad Avanza) defendió la reforma fiscal, que definió como “el primer ladrillo de un sistema impositivo más razonable que permitirá, en un tiempo, bajar los impuestos para luchar contra la pobreza” que afecta a la mitad de la población de 47 millones de habitantes.
El oficialismo cuenta con 38 diputados sobre los 257 de la cámara. Para la aprobación necesita al menos 129 votos a favor.
El gobierno descuenta que obtendrá la aprobación de la ley “en general”, pero las disidencias pueden aflorar cuando se requiera la votación en particular, al igual de lo que sucedió en febrero.
Para evitarlo, el oficialismo acordó con aliados que la votación en particular se haga por capítulos y no por artículos, pese a la protesta de la oposición.
Si consigue la sanción en Diputados, al gobierno aún le espera un camino de espinas en el Senado donde tiene apenas siete senadores sobre el total de 72.
El 1 de mayo, en el Día del Trabajo, las centrales obreras llamaron a movilizar contra la reforma laboral y el ajuste que aplica el gobierno, con miles de despidos en el Estado en un contexto de inflación de casi 290% anual.
También convocaron una huelga nacional para el 9 de mayo, la segunda desde que asumió Milei en diciembre.
El 24 de abril cientos de miles de personas marcharon contra el desfinanciamiento de las universidades públicas.
Argentina está sumida desde hace años en una aguda crisis económica y social. Milei prometió superarla, pero a costa de grandes sacrificios. Aunque ha logrado superávit fiscal, el país sufre ahora el desplome del consumo y de la industria.
El Fondo Monetario Internacional estimó para este año una caída de la economía del 2,8% y proyectó una inflación anual de 250%.
