La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este miércoles la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer, una norma calificada como “histórica” por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, al establecer por primera vez un marco legal permanente para la prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento integral de esta enfermedad.
El proyecto fue aprobado con 142 votos a favor, logrando el consenso del correísmo, el oficialismo, el movimiento indígena Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC).
Próximo paso: sanción presidencial
Tras su aprobación en el pleno, el texto legal será remitido al presidente Daniel Noboa, quien deberá decidir su sanción u objeción, conforme al procedimiento constitucional.
Qué establece la nueva ley
Según informó la Asamblea en un comunicado oficial, la norma tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud mediante políticas públicas orientadas a:
- Promoción y prevención del cáncer
- Diagnóstico oportuno y tratamiento especializado
- Rehabilitación y cuidados paliativos
- Investigación, seguimiento y control de la enfermedad
Asimismo, amplía los derechos de las personas con cáncer, incluyendo el acceso a atención en salud mental, la estabilidad laboral reforzada durante el tratamiento y el denominado derecho al olvido oncológico, que busca evitar discriminaciones posteriores al proceso de la enfermedad.
Prioridad para niños y adolescentes
La ley dispone una atención prioritaria para niñas, niños y adolescentes con diagnóstico oncológico y crea herramientas clave como el Plan Nacional del Cáncer y la Red Nacional Especializada de Atención, orientadas a fortalecer el sistema de salud en todo el país.
Mensaje de unidad política
Durante la sesión plenaria, Niels Olsen destacó que la aprobación de la norma envía un mensaje de unidad política y compromiso institucional, al priorizar la vida y la salud por encima de las diferencias ideológicas.
Por su parte, el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Juan José Reyes, señaló que el proyecto cuenta con financiamiento técnicamente sustentado y fue elaborado mediante un proceso participativo, que incluyó a instituciones públicas, especialistas, la academia y organizaciones de la sociedad civil.
