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El expresidente Rafael Correa persiste en ser candidato a la vicepresidencia de Ecuador en las elecciones generales del 7 de febrero del 2021 en Ecuador, a la espera de conocerse en los próximos días y semanas pronunciamientos de la justicia del país y del Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno a tal pretensión.
En una conferencia de prensa este viernes, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, confirmó que se han presentado tres solicitudes de registro de alianzas para la contienda presidencial. Una de ellas, denominada Unión por la Esperanza (Unes), reúne a las agrupaciones Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social para postular a la presidencia a al exministro del gobierno de Correa, Andrés Aráuz Galarza. Es en el binomio de esta coalición en la que el exmandatario ha sido incluido como precandidato a la vicepresidencia.
Sin embargo, cabe recordar que el CNE rechazó el último martes que Rafael Correa realice el trámite de proclamación y aceptación de precandidatura de forma telemática. El reglamento respectivo establece que se trata de una medida “expresa, indelegable y personalísima”.
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El plazo para solicitar el registro de las coaliciones venció el 3 de setiembre. Contando dos coaliciones más y las postulaciones de otros partidos políticos, hay 16 precandidatos a la presidencia de Ecuador.
Lo que viene ante el CNE
El pleno del CNE deberá reunirse y emitir una resolución sobre las solicitudes de registro de alianzas. Además, de acuerdo al cronograma electoral, del 18 al 7 de octubre es el plazo para la inscripción de las candidaturas.
Antes de proclamarlos como candidatos, el CNE deberá calificar las solicitudes de inscripción de los precandidatos. “Cuando lleguemos a la etapa de verificación de requisitos (de las candidaturas) y encontremos alguna inhabilidad o prohibición, las organizaciones tienen 48 horas para buscar un candidato que reemplace”, explicó Atamaint en la conferencia, según reporta “Expreso” de Ecuador.
Previamente, en entrevista con la radioemisora i99 indicó que lo que corresponde en dicha etapa es determinar si los precandidatos cumplen con los requerimientos legales, como por ejemplo haber participado en procesos de democracia interna o no estar incursos en causales de inhabilitación que establecen la Constitución y las leyes.
Por ello, advirtió: “Puede haber sorpresas, porque cualquier candidato puede no cumplir con los requisitos o estar inhabilitado en algún momento hasta que no quede firme su inscripción de la candidatura”.
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El lunes se conocerá decisión judicial
Pero las complicaciones para Correa van más allá de la normativa electoral, también se ventilan en el ámbito judicial.
El artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia señala en torno a las prohibiciones para ser candidato de elección popular: “Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción”.
A ello se suma lo que consigna el artículo 81 de la Ley Orgánica Electoral: “Las juezas o jueces que dictaren sentencia suspendiendo los derechos políticos, cuando ésta estuviere ejecutoriada, comunicarán al Consejo Nacional Electoral”.
Y es que Rafael Correa se encuentra inmerso en un proceso judicial. En julio pasado, la Corte Nacional de Justicia ratificó en segunda instancia una sentencia de 8 años de cárcel en su contra por el delito de cohecho. El conocido Caso Sobornos alcanzó a otras 17 personas y se vincula a una trama de corrupción y pagos indebidos a cambio de la entrega de contratos entre el 2012 y 2016.
La justicia ecuatoriana también ordenó que Rafael Correa y los demás condenados pierdan su derecho de participación política por 25 años. Ello determinaría que el expresidente quede inhabilitado para participar en las elecciones; sin embargo, actualmente está jugando sus últimas cartas a través de un recurso de casación tramitado ante la Corte Nacional de Justicia en Quito.
Luego de una segunda audiencia realizada este viernes, el Tribunal de Casación convocó a otra sesión para este lunes 7 a fin de emitir su resolución de forma oral.
Correa intervino vía virtual desde Bélgica. “Jamás he permitido un soborno, es una persecución política, están destruyendo familias por perseguirme a mí”, aseveró.
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