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El Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), que Estado Unidos mantenía con Guatemala y que permitía deportar migrantes hondureños y salvadoreños al país centroamericano llegó a su fin.
El Gobierno guatemalteco informó mediante un comunicado que la Cancillería fue notificada sobre la decisión de Estados Unidos, poniendo fin así al convenio decretado por Trump (2017-2021) y el presidente local en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), del denominado acuerdo de “tercer país seguro”.
La decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, fue recibida con “beneplácito” por parte del Gobierno del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien afirmó que espera “continuar con una estrecha colaboración” en materia migratoria.
El Gobierno de Giammattei manifestó su “compromiso” para “afrontar” junto a Estados Unidos los “desafíos relacionados a las causas de la migración irregular” así como la “generación de desarrollo integral” para su población.
Hasta febrero de 2020, según datos oficiales, aproximadamente 700 migrantes hondureños y salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos a Guatemala bajo el marco del Acuerdo de Cooperación de Asilo.
Al llegar a Guatemala vía aérea procedentes de Estados Unidos, los extranjeros eran trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración para identificar si se encontraban bajo algún temor y para elegir uno de los tres caminos: asilo, protección o retorno asistido a su país de origen. En la mayoría de los casos, los hondureños y salvadoreños volvían a sus países.
El convenio de asilo generó diversas críticas en Guatemala y Estados Unidos al momento de su firma en 2019 pero también durante su desarrollo.
Human Rights Watch y Refugees International indicaron en un informe en mayo de 2020 que el convenio “no cumple con los criterios establecidos en las leyes estadounidenses respecto de acuerdos con terceros países seguros”.
Según el informe, Estados Unidos había trasladado “rápidamente” a solicitantes de asilo no guatemaltecos a Guatemala, “sin permitirles” presentar solicitudes de asilo en Estados Unidos.
En opinión de estas entidades, Guatemala, un país donde el 59 por ciento de sus 16 millones de habitantes vive bajo el umbral de la pobreza, no estaba en situación de “poder brindar protección efectiva”.
La deportación de salvadoreños y hondureños a Guatemala había sido cancelada temporalmente en marzo de 2020 por la pandemia y la Administración de Biden había afirmado su intención de derrogar el acuerdo, pero fue hasta este viernes que el Gobierno guatemalteco fue notificado al respecto.
De acuerdo a datos de organismos internacionales, cada año al menos medio millón de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños emigran ilegalmente a Estados Unidos.
El acuerdo original
El acuerdo fue rubricado originalmente el 26 de julio de 2019 y convirtió a Guatemala en “tercer país seguro”, una figura mediante la cual Estados Unidos estaba autorizado para enviar migrantes salvadoreños y hondureños deportados a su territorio.
El término “tercer país seguro”, como lo define la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), es un concepto que se usa para “transferir las responsabilidades del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida, a otro que es considerado seguro” para recibirlos mientras se tramita el proceso.
El convenio fue suscrito en la Casa Blanca por el ministro de Gobernación (Interior) guatemalteco, Enrique Degenhart, bajo las órdenes del presidente del país centroamericano, Jimmy Morales.
