La libertad de prensa se hunde aún más en Venezuela

La amenaza del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, al emblemático diario El Nacional es solo una pequeña muestra de que emprender periodismo independiente en Venezuela es una tarea de David contra Goliat. El pasado 16 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció al medio a pagar una indemnización por “daños morales” a Cabello, elevando el monto de la reparación —fijado en unos 600 dólares en una instancia previa— a 13 millones. El funcionario del régimen había interpuesto una demanda en 2015 luego que el periódico replicara una nota del diario ABC de España que lo vinculaba con narcotráfico.

Para El Nacional —un medio que tuvo que dejar su edición impresa en 2018 por altos costos tributarios y escasez de papel, y además redujo su planilla de más de mil personas para sobrevivir en web con un centenar de trabajadores— cumplir con el pago es imposible, y Cabello lo sabe. Por esa razón, este afirmó el miércoles que si el diario no cumplía, procedería a “ejecutar” (léase “confiscar”) sus bienes. Para el director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, se trata de una “expropiación encubierta”.

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Cabello tiene experiencia en toma o cierre de medios. Su golpe más recordado lo dio en 2009, cuando dirigía la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), órgano público que se ha convertido en sinónimo de censura. En aquella oportunidad, dejó fuera del aire a 32 estaciones de radio y dos de televisión. “Son las primeras 34”, dijo entonces. No se equivocó.

La ONG venezolana Espacio Público ha documentado más de 200 emisoras radiales cerradas desde 2004. El último caso reportado se dio esta última semana, cuando el TSJ ordenó que Radio Rumbos, estación con más de 70 años de historia, cese operaciones. “La orden judicial incluye el desalojo de las instalaciones de la emisora, sin que se conozca quiénes asumirán la conducción gerencial”, señalaron los directivos del medio en una carta abierta.

Las denuncias de atentados contra la libertad de prensa y expresión simplemente se acumulan. Según Espacio Público, solo en el año 2020 se vieron obligados a cerrar 17 medios digitales de información y 18 estaciones de radio locales.

Asesinatos y encarcelamientos

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), haciendo uso de cifras de Espacio Público, habla de al menos 270 casos de agresiones a periodistas y 686 violaciones al derecho a la libertad de expresión en el país desde 2020. En esta lista se incluyen ataques físicos contra periodistas y ciudadanos, además de las ya conocidas medidas de censura contra los medios.

“Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, minisecuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el Gobierno”, denuncia, por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En agosto del año pasado, miembros de las chavistas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) asesinaron a Andrés Eloy Nieves Zacarías, periodista y camarógrafo del canal La Guacamaya TV, en el estado de Zulia. También mataron a Víctor Torres, hijo del director del medio. Las FAES afirmaron en un comunicado policial que los dos formaban parte de un grupo “delictivo”. Desde 2002, se han registrado 18 asesinatos a trabajadores de la prensa en el país, de acuerdo con el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) de Venezuela.

Cuando no hay muerte, hay detenciones arbitrarias. Un caso que causó gran indignación fue el del estudiante José Pérez, detenido por 20 días en marzo tras cuestionar en TikTok los privilegios de la hija del cantante Omar Enrique y los nexos de este con el oficialismo.

Cabe agregar que el régimen de Nicolás Maduro ha ido perfeccionando sus armas legales para atacar a la prensa. Ya ha anunciado que planea incluir a internet en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión o “Ley Resorte”, considerada por la SIP y entidades como una “ley mordaza” que ha permitido el cierre de medios y altas multas. Además, en noviembre de 2017, la chavista Asamblea Constituyente —que en teoría no podía promulgar leyes— emitió la llamada “Ley contra el Odio”, que establece penas de hasta 20 años de prisión y otras sanciones contra periodistas y medios que difundan contenido que se considere inadecuado.

DATO

Según el último ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, Venezuela se ubica en el puesto 148 de 180 países. En la región, solo Honduras y Cuba ocupan posiciones más bajas.

Principales ataques del chavismo a los medios

El régimen venezolano tiene un largo historial de censura

RCTV

En mayo de 2007, el Gobierno optó por no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal de TV más antiguo del país. El entonces presidente Hugo Chávez acusó al medio de apoyar el intento de golpe de Estado de 2002. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no aceptó la apelación de la emisora.

Radiocidio

El 1 de agosto de 2009, por orden de Diosdado Cabello, el Estado intervino, en distintas partes del país, a 32 emisoras de radio y dos de televisión críticas del régimen. El hecho fue conocido como “Radiocidio”.

CNN y prensa internacional

En 2017, Nicolás Maduro suspendió la señal de cable de CNN en Español, luego de que esta cadena difundiera un reportaje sobre presunta venta de visas y pasaportes venezolanos, en la embajada de Venezuela en Irak, a personas que podrían tener vínculos con el terrorismo. Ese mismo año, el régimen vetó a TV Azteca y a las colombianas Caracol TV y RCN. En 2014, había hecho lo mismo con la también emisora colombiana NTN24 y bloqueado el acceso al portal argentino Infobae.

El Nacional

Este mes, el TSJ ordenó que el diario El Nacional pagara $13 millones a Diosdado Cabello, luego de que el medio (hoy digital) replicara una noticia que vincula al número dos del chavismo con narcotráfico. Cabello amenaza con tomar los bienes de la empresa si no se paga el monto fijado.

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