El país ingresó a un nuevo año con una noticia que ya no sorprende, pero que debería indignar a todos: más muertes en Pataz, en la región La Libertad. La violencia y el terror siguen apoderándose de los centros mineros de esta provincia, donde los enfrentamientos armados, los atentados y los crímenes se multiplican pese a la vigencia del estado de emergencia. El balance es claro y doloroso: la estrategia ha fracasado. No solo la del actual Gobierno, sino también la de los anteriores, que permitieron que el crimen organizado se enquistara hasta convertirse en poder paralelo.
Mientras la población vive bajo amenaza permanente, el presidente José Jerí insiste en una agenda marcada por el show y las reuniones de impacto mediático. Encuentros que, en la práctica, no se traducen en resultados. El propio alcalde de Pataz, Aldo Mariños, ha cuestionado públicamente que el mandatario no haya cumplido ninguno de los compromisos asumidos en una reunión realizada en octubre pasado. Cuando las promesas se acumulan y las soluciones no llegan, la autoridad pierde legitimidad y la violencia gana terreno.
La seguridad y la paz social no pueden seguir siendo parte del discurso coyuntural ni un recurso para mejorar la imagen presidencial. Son una obligación esencial del Estado. Combatir al crimen organizado exige seriedad, continuidad y una visión de largo plazo, no respuestas reactivas ni decisiones improvisadas dictadas por el calendario político o la presión mediática del momento.
