Los incontables ciudadanos peruanos afectados por el enturbiado proceso electoral, exigen que el Estado –que es una república democrática, según expresa el artículo 43 de la ley constitucional–, respete la inviolabilidad del derecho al sufragio para así evitar que los afectados por la incompetencia organizacional y debilidad institucional de la ONPE, queden a la deriva sin poder expresar libremente su derecho político al voto. La pasada semana, el congresista Jorge Montoya asistido por la Constitución y en pleno ejercicio de sus funciones parlamentarias, presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia funcional a la ONPE. Para los intereses del presente artículo, mencionaremos lo que el proyecto de ley identifica como problemas sustanciales: “Retrasos en la instalación de mesas de sufragio, deficiencias en la distribución oportuna de material electoral, fallas en la capacitación de miembros de mesa, incidencias en los sistemas de transmisión y procesamiento de resultados”. Estos vicios –hasta el momento insubsanables– terminan desnaturalizando la voluntad del cuerpo de electores y torciendo visiblemente el desenlace electoral. El derecho fundamental a votar, regulado en el artículo 31 de nuestra ley suprema, ha sido vulnerado por el organismo electoral. Thomas Marshall, destacadísimo sociólogo británico, en su ensayo de 1950, Ciudadanía y clase social, profundiza en el concepto de ciudadanía, distinguiendo en el proceso histórico de su construcción, tres grandes elementos: el civil, el político y el social. El elemento político nace en el siglo XIX y consiste en el derecho a elegir y ser elegidos mediante el voto. Hoy, el peruano reclama un derecho decimonónico. ¡Qué vergonzoso!
