La creciente ola de criminalidad que azota al país se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Pese a las reiteradas promesas del Gobierno, los esfuerzos desplegados hasta ahora parecen insuficientes. Ayer los extorsionadores balearon un bus en Villa María del Triunfo, dejando en mal estado al chofer. En tanto los homicidios se incrementan, ya son más de 500 en el 2025. Según el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), en los primeros tres meses del año se han registrado 18% más asesinatos que en el mismo periodo del 2024.
Los peruanos viven con miedo, temerosos de ser víctimas de un delito que puede costarles la vida. No sorprende, entonces, que el 52% de la ciudadanía considere que la prioridad del próximo presidente de la República debe ser mejorar la seguridad y reducir la criminalidad. La necesidad de recuperar la paz y la tranquilidad perdidas se ha convertido en un clamor urgente y legítimo.
La presidenta Dina Boluarte no debe esperar a que el próximo gobierno solucione este terrible problema. Hoy debe ponerse al frente de la lucha contra la delincuencia y obtener resultados. Por lo pronto, ha nombrado a un nuevo ministro del Interior, que ha generado muchas dudas, no solo porque ha sido parte de la gestión de Juan José Santiváñez sino porque tiene investigaciones por negociación incompatible y por compras irregulares cuando era jefe policial en Lambayeque.
