El gobierno encabezado por Dina Boluarte ha emitido el Decreto Supremo 067-2024-PCM, declarando en estado de emergencia la provincia de San Román, Puno, por 30 días.
Según los considerandos, se ha tomado en cuenta informes de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y la Dirección Nacional de Orden y Seguridad que señalan la grave amenaza por un aumento previsible de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la libertad y el patrimonio, homicidios, lesiones, violaciones, asalto y robo a mano armada y otros.
La violencia delictiva en la provincia de San Román y la región de Puno no alcanza los niveles de otras provincias y regiones como Lima y el Norte del país, debido al trabajo organizado de sectores civiles a través de las rondas campesinas, urbanas y vecinales.
El repudiable asesinato de la dirigente Sara Adela Calla Cheje fue una respuesta de la delincuencia contra estas actividades. Aún no se conoce la identidad de los autores, aunque el jefe policial manifiesta que las investigaciones cuentan con un 70% de avance.
La verdadera razón de esta declaratoria de emergencia no está los considerandos del decreto supremo. Lo cierto es que existe un clima de rechazo al Gobierno y al Congreso dictatorial, y se preparan manifestaciones en su contra para fin de mes. Esta absurda declaratoria de emergencia solo busca frenar la movilización de los ciudadanos y evitar su presencia en el masivo rechazo al Gobierno que se prepara en Lima.
La sangre de los ciudadanos muertos y heridos el 9 de enero de hace ya un año, continúa exigiendo justicia y sanción a los responsables. Medidas como la tomada este 5 de julio sólo ahondan la brecha entre Dina Boluarte, su gobierno y Puno.
