Si mañana José María Balcázar, en cumplimiento de su oferta política a cierto sector del Congresopara lograr acceder a la primera magistratura del país, firmara un decreto de indulto presidencial para favorecer políticamente al hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo (pese a que su sentencia no está “firme” y legalmente sería insostenible), el mensaje no sería claramente humanitario: sería político y profundamente peligroso. Sí, es verdad que el presidente tiene la facultad constitucional de indultar. Pero no tiene licencia para atropellar un proceso judicial en curso. Un indulto antes de que exista sentencia firme no es una sutileza técnica: es una invasión del Ejecutivo sobre el terreno del juez. Es alterar el equilibrio republicano por decreto. Algunos dirán: “Que el Tribunal Constitucional lo revise”. Como si eso fuera inmediato. ¡Los procesos toman meses: Seis, ocho, ¡doce! Y mientras tanto, el indultado podría estar en libertad. Ese es el punto neurálgico: el hecho “consumado” y el riesgo que ello conlleva. La política avanzando más rápido que el derecho.
El Poder Judicial podría reaccionar, pero la batalla jurídica sería larga, enredada y polarizante. El país entraría en un nuevo ciclo de confrontación institucional: Ejecutivo contra Poder Judicial, Congreso amenazando con acusaciones constitucionales, calles encendidas, narrativa de persecución y victimización “activada” cosechando en el calendario y tablero electoral.
Si hoy se aceptara que un decreto puede neutralizar provisionalmente una sentencia no firme, mañana cualquier presidente podría torcer la justicia cuando le incomode. Aquí no estaría en juego solo la libertad temporal de un exmandatario. Estaría en juego la credibilidad del Estado. Si el poder político puede adelantarse al Poder Judicial y luego dejar que el Tribunal Constitucional resuelva, meses después, la señal resultaría devastadora: que, en el Perú, primero se ejecuta la voluntady luego se discute la legalidad. Las repúblicas no se quiebran siempre con tanques. A veces se resquebrajan con decretos. Y cada vez que normalizamos una “grieta” institucional, porque le conviene coyunturalmente a alguien, debilitamos el único dique que nos protege de los peores excesos del poder.
