Por fin uno de los tantos gobiernos que hemos tenido en los últimos años se ha atrevido a tomar medidas drásticas a fin de evitar que Petroperú siga siendo ese agujero negro por donde se iba el dinero de todos los peruanos con la absurda intención de mantener a flote a esta empresa pública que hace mucho tiempo se encuentra quebrada.
Estaba claro que mantener a la petrolera estatal con recursos públicos, es decir, con un balón de oxígeno artificial, respondía a una motivación ideológica y no técnica, y el Perú de hoy, con tantas necesidades en seguridad, salud, educación y otros campos, no está como para botar la plata.
Los grandes retos están ahora en Proinversión, que tendrá que reestructurar el patrimonio de la compañía con la finalidad de que sea posible desprenderse de algunos de sus activos o asociarlos con privados, como podría suceder con la Refinería de Talara; y en el sector Energía y Minas, que deberá iniciar un proceso de desvinculación de trabajadores.
Seguramente vendrán las críticas –y más en tiempos electorales– de sectores de la izquierda que siguen vendiendo el cuento de las empresas estatales, a las que suelen usar de agencias de empleos y como botines para el clientelismo. Esas viejas y fracasadas recetas, ya las conocemos muy bien.
