Para hoy lunes 14 de octubre está previsto que la Corte Suprema de Justicia someta a análisis la legalidad de la inscripción como agrupación política ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del “partido” que en la práctica encabeza el asesino de policías Antauro Humala, quien sueña con llegar al poder para fusilar gente y acabar con la legalidad y el estado de derecho.
La demanda ha sido presentada por el Ministerio Público, que considera que la agrupación del cabecilla del “Andahuaylazo” trae propuestas “contrarias a los principios democráticos y que vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas (expresidentes) y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón (comunidad LGTBIQ+ e inmigrantes)”.
Si en el Perú las leyes sirven para algo y la democracia no es tonta como para dar pase a quien la quiere dinamitar, la inscripción de la llamada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (ANTAURO) debe ser enviada al tacho de la basura para pesar del JNE que preside Jorge Salas Arenas, que cree que esta agrupación y el asesino de Andahuaylas nada tienen que ver.
En Correo creemos que el país podrá respirar aliviado una vez que este criminal y sus partidarios queden definitivamente fuera de cualquier posibilidad de aspirar a algún cargo público, valiéndose de la democracia que detestan y con la que quieren terminar.
