En los últimos días se viralizaron videos donde se aprecia que empresas del transporte público, como las del Corredor Rosado, han empezado a blindar sus unidades y a instalar vidrios antibalas para proteger a choferes y pasajeros. Los cupos ya no son solo un impuesto ilegal que pagan los transportistas: ahora la ciudadanía también paga el costo de protegerse de la violencia que el Estado no controla.
Los números son brutales. Entre el 28 de julio y el 2 de septiembre, el Sinadef registró 207 homicidios, 153 de ellos por proyectil de arma de fuego. A eso se suma la controversia por las detenciones tras la matanza y secuestro de un empresario en Trujillo, que el propio fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, cuestionó porque los fiscales no participaron del operativo. La cadena de errores no para.
Mientras tanto, el gobierno de Keiko Fujimori insiste en que sin facultades legislativas no puede enfrentar la criminalidad. Es un argumento conveniente pero falso. La presidenta es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tiene herramientas constitucionales que no requieren permiso del Congreso. Sí, el Parlamento debe evaluar el pedido de facultades con seriedad, pero ese trámite no puede ser la excusa para no actuar hoy.
Que se tenga que blindar un bus es una muestra más de la derrota del Estado frente a la criminalidad y ese cupo lo pagamos todos.
