Hace seis meses, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, pronunció una de sus frases más tristemente recordadas. En respuesta al aumento de la delincuencia y la preocupante inseguridad ciudadana, y con la intención declarada del Gobierno de contener esta ola delictiva, afirmó que aquí “no habrá un plan Bukele, habrá un plan Boluarte”. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y, lamentablemente, miles de asaltos, extorsiones y homicidios han seguido ocurriendo en todo el país, sin que se vea ni rastro de uno u otro plan. El fracaso del Gobierno en este aspecto es innegable.
Hoy, el tan mencionado plan Boluarte ha desaparecido y en su lugar se ha presentado el plan Perú Seguro en los últimos días, en un intento por contrarrestar la criminalidad. Uno de los puntos principales de este nuevo plan es el fortalecimiento del patrullaje a pie, con el objetivo de “reforzar la presencia policial en las calles”. Es irónico que se plantee esto justo cuando la presidenta Dina Boluarte prefiere residir en su hogar en lugar del Palacio de Gobierno. Pero, ¿cuál es el verdadero problema? El hecho de destinar a 35 policías para proteger la residencia de la mandataria. Si ella optara por vivir en la sede presidencial, estos efectivos podrían estar en las calles combatiendo la delincuencia.
El cambio de nombre no ha traído consigo la eficacia deseada, ya que el plan sigue siendo ineficaz ante el continuo aumento de la inseguridad ciudadana. Es hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad y tome medidas concretas y efectivas para proteger a sus ciudadanos.
