La reciente decisión del Poder Judicial que ordena al Ositran no supervisar el megapuerto de Chancay, proyecto en el que la empresa estatal china Cosco Shipping posee el 60 %, ha generado una reacción que trasciende nuestras fronteras. Las declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que calificaron de “depredadora” la presencia china y sugirieron que la soberanía del Perú podría estar en riesgo, han elevado el tono del debate, al punto de provocar una respuesta de China expresando su fuerte insatisfacción. Este cruce de pronunciamientos refleja que no estamos ante un asunto menor, sino frente a un tema con implicancias geopolíticas y económicas relevantes.
Más allá de la polémica internacional, es importante precisar que, aunque el megapuerto sea una inversión privada, el servicio que presta es de carácter público. Por ello, resulta legítimo que el Estado peruano, a través de sus organismos reguladores, ejerza supervisión para garantizar que se respeten las normas, la competencia y los intereses del país. La inversión extranjera es necesaria y bienvenida, pero no puede ni debe situarse al margen del marco legal.
El fallo del Poder Judicial corresponde aún a una primera instancia, lo que abre la puerta a una revisión más amplia y técnica en los niveles superiores. En ese proceso debe primar un análisis riguroso que considere no solo los contratos firmados, sino también el impacto del proyecto en la infraestructura nacional, la seguridad económica, la transparencia regulatoria y la importancia de la regulación estatal.
