Ahora que el Poder Judicial ha dispuesto con muy buen criterio que Pedro Castillo sea enviado a prisión preventiva por golpista, es de esperarse que ya en manos de la autoridad penitenciaria a cargo del penal Barbadillo, este sujeto deje de tener acceso a redes sociales y a comunicación con el exterior a través de cartas plagadas de alucinaciones y tonterías que en realidad no hacen más que azuzar a la gente en las calles.
Los primeros días de arresto preventivo en manos de la Policía Nacional han sido una verdadera vergüenza, pues el presidiario Castillo no se ha cansado de enviar cartas y mensajes en redes sociales. El Comercio ha denunciado que el coronel PNP Wilson Sánchez, ascendido recientemente a general, es quien prestaba su teléfono al golpista para comunicarse con el exterior y azuzar a la gente con mentiras. De confirmarse, la sanción a este oficial debe ser ejemplar.
Castillo también se ha tomado fotos con congresistas y abogados a los que les encantan las cámaras y la figuración. Se entiende que un reclusorio es precisamente eso, y no un club social donde se puede recibir amigos a los que luego se hace difundir escritos. Del golpista, lo peruanos solo deberíamos tener noticias cada vez que acuda a una diligencia judicial, tal como sucede con cualquier otro presidiario.
Si en estos momentos en el país hay focos de violencia que ocasionan muertes como las ocurridas el jueves en Ayacucho, en parte es por las comunicaciones de este golpista y además demagogo que habla de “su pueblo” y que aún se siente presidente, cuando en realidad ya es un recluso de un penal que su socio Aníbal Torres quiso cerrar por su odio a Alberto Fujimori. De haber sucedido esto, el profesor tendría que estar encerrado en Castro Castro o Lurigancho.
Como sindicalista básico, agitador profesional y revolucionario de plazuela, Castillo cree que su situación penal se va a aliviar con el “ruido de la calle” y por eso su afán por fomentar las movilizaciones que han acabado en tragedia. No se ha dado cuenta que en el Perú aún hay leyes y cierta institucionalidad que debe ser respetada más allá de la llanta quemada, la pedrada, el saqueo y la salvaje toma de un aeropuerto que la autoridad está obligada a impedir.
