El excongresista Michael Urtecho (2006-2011 y 2011-2016) ha sido condenado a 22 años y cinco meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por hacer lo que en el actual parlamento han venido haciendo muchos legisladores de diversas bancadas: aprovecharse de su posición de poder para robar el sueldo de los trabajadores de sus despachos que accedieron a sus ilegales pedidos de entregar parte del dinero que reciben del Estado para no ser echados a la calle.

Junto a Urtecho, a quien se le atribuyen los delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado, ha sido condenada su esposa, a quien le han puesto 28 años de cárcel por haber actuado como cómplice. Son sanciones duras y hasta exageradas que tendrán que ser revisadas en la siguiente instancia, pues son periodos de carcelería comparables con los que se imponen a secuestradores, asesinos, violadores o hasta terroristas, pero ilustran lo grave que es esta práctica tan común en el Poder Legislativo.

Si se tiene en cuenta el rigor con que ha actuado el Poder Judicial con Urtecho, el “pionero” de los “mochasueldos”, no deja de llamar la atención que sus “sucesores” de estos tiempos hayan sido salvados en la Comisión de Ética gracias a leguleyadas y tinterilladas, especialmente de parte de gente de Alianza para el Progreso (APP), que llevaron a que al final todo sea pasado por agua tibia y que en la actualidad esta gente siga en funciones y cobrando como si nada hubiera pasado.

Por el bien del Congreso y de la política peruana en general, ningún “mochasueldo” debería quedar impune. Si no han respondido en Ética, donde parece que todo se negocia por debajo de la mesa, deberían hacerlo ante el Ministerio Público y más tarde frente al Poder Judicial. Allí podrán explicar eso de “vamos al cajero”, “compra un proyector con tu bono”, “paguen tal como hemos acordado” y otras frases que ilustran la bajeza, la sinvergüencería y el ánimo delictivo con que operan ciertos legisladores.

Desde ahora los “herederos” de Urtecho deberían ir sacando la calculadora para ver lo que les espera si es que en este país hay justicia. Mientras tanto, el Congreso, si es que no hay rabo de paja en la mayoría, debería crear los mecanismos para impedir la proliferación de estos personajes dedicados al robo de sueldos. Si lo que cobran como legisladores les parece poco, ¿para qué postulan? ¿Alguien acaso los obligó? Se hubieran hecho un favor a sí mismos y al país, dedicándose a otras actividades más lucrativas.