Según la Constitución “El presidente de la República es jefe supremo de la Fuerzas Armadas y …” (art.167°) “… Las Fuerzas Armadas tienen como finalidad… garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial…” (art. 165°)
Habiendo tres postores: F-16 (EE.UU.), Rafale 14 (Francia) y Grippen (Suecia), sin explicación y rápidamente compraron los F-16.
José Balcázar, aún presidente, fue desautorizado públicamente por tres ministros, los generales de la Fuerza Aérea del Perú y hasta Fernando Rospigliosi, acelerándose la compra y el desembolso inicial pese al cambio presidencial en curso, tal vez porque ¿temen que ganando Roberto Sánchez anule la compra?
Son USD 3,500 millones de dólares, poco más del 1% del PBI y 5% del Presupuesto 2026. En un país con tantas carencias y desigualdades es grave la cantidad, pero gravísimas las condiciones de compra.
Las leyes estadounidenses obligan al comprador –Perú– a “usar los sistemas exclusivamente para los fines autorizados”. Además, prohíben su transferencia a terceros, y permiten inspecciones y supervisión permanentes por parte de autoridades estadounidenses.
La carrera armamentista es lucrativa y el país de origen fortalece su dominio. Lockheed Martin dona frecuentemente a Donald Trump y recuperará sus USD 950 millones de pérdidas del 2025
Estamos hipotecando nuestra soberanía y dignidad. Aparte, está pendiente la modernización de la Base Naval del Callao por 1500 millones de dólares.
Los agravios contra Balcázar solo ratifican quiénes gobiernan realmente. Parte del pacto mafioso continuará en el Congreso y es nuestra responsabilidad frenarlos en la elección presidencial.
