La reciente censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por parte del Congreso no solo agrava la crisis política que enfrenta el país, sino que también pone en evidencia el debilitamiento de las instituciones frente al poder de las economías ilegales.
Rómulo Mucho había planteado cambios fundamentales que afectaban directamente a la minería ilegal, un flagelo que no solo evade impuestos y genera violencia, sino que también causa un daño irreparable al medio ambiente y al tejido social. La censura del ministro no puede interpretarse como un acto aislado, sino como un síntoma del poder de los sectores informales.
La decisión del Congreso beneficia a los mineros ilegales, quienes celebraron públicamente su victoria. Mensajes en redes sociales como “Finalmente se ha logrado censurar al ministro” revelan el alcance de su influencia. La ampliación del proceso de formalización, que debería ser una herramienta para integrar a los informales al marco legal, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de legitimación para quienes no cumplen con la ley.
El impacto de esta censura va más allá del gabinete. Es una señal alarmante de cómo intereses particulares pueden imponerse sobre el bien común, debilitando aún más la ya frágil credibilidad del sistema político. En este contexto, el desafío no es solo para el Ejecutivo, que debe recomponer su equipo, sino para el país entero, que enfrenta la tarea de resistir la normalización de la ilegalidad como parte de su realidad.
