El problema surgido en torno a la autorización otorgada por el estado peruano al puerto de Chancay para la prestación de servicios exclusivos es un rompecabezas. A simple vista pareciera ser un problema legal, pues así se ha planteado a la opinión pública. No obstante, como en la mayoría de los casos, el origen es económico.
En los últimos años el transporte marítimo de carga ha experimentado cambios en las estrategias económicas de las líneas navieras para enfrentar los impactos negativos de la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y China, la crisis del Mar Rojo y la sequía del canal de Panamá. Por ello, las líneas navieras que representan el 80% de la capacidad global de transporte de contenedores establecieron estrategias para ser competitivas en el mercado.
Es así que, establecieron alianzas globales para el compartimiento de naves y servicios entre líneas navieras y se cambió de estrategia de relacionamiento con los terminales portuarios. En este nuevo modelo las líneas navieras encargan a los operadores de los puertos el manejo de la carga, haciendo que estos absorban a los operadores logísticos tal y como ha sucedido en los terminales portuarios del Callao.
Sorprende entonces que el debate público se centre exclusivamente en la diferenciación legal de las inversiones por su modalidad (contrato de concesión o infraestructura privada), y en la ampliación de los plazos de las concesiones portuarias vigentes tratándose de un mercado con integración vertical y probable posición de dominio; dejando de lado el verdadero origen de la controversia: la mayor competencia en el mercado portuario y logístico que originaría el puerto de Chancay.
Con mayor competencia de mercado se benefician los usuarios. Hagamos entonces en esta oportunidad, el esfuerzo de considerar un solo interés, el interés del Perú.
