Los indignantes casos conocidos en los últimos días, en que nuestro sistema de justicia ha sido incapaz de actuar con firmeza ante elementos que a todas luces son un peligro para la sociedad, ilustran el nivel de desamparo en que se encuentran los ciudadanos peruanos que deberían ser protegidos por el trabajo eficiente y oportuno de jueces y fiscales, muchos de los cuales son, en realidad, una verdadera vergüenza.
Me refiero al caso del energúmeno venezolano llamado Ricardo Bermúdez Gonzales, que manejaba una combi sin brevete y que al ser intervenido en El Agustino optó por huir, no sin antes atropellar a una fiscalizadora que ha quedado grave. Debido al mal trabajo del Ministerio Público, el sujeto fue puesto en libertad. Recién ayer por la tarde ha sido enviado a prisión preventiva por siete meses.
El mismo día se supo que ante la falta de denuncia por parte del Ministerio Público, el Poder Judicial ha dispuesto la libertad, por exceso de prisión preventiva, del narcoterrorista Hugo Campos Córdova (a) “Julio Chapo”, uno de los más despiadados delincuentes que opera en el VRAEM junto a los Quispe Palomino. El sujeto fue capturado en 2019 por militares y policías luego de un arduo trabajo, que de nada valió.
Con jueces y fiscales como estos, los ciudadanos vivimos en el más grande desamparo, en medio de una jungla. Estamos frente a un salvaje del volante grabado cometiendo un crimen en una autopista, y de otro lado ante a un narcoterrorista asesino de militares y policías. Sin embargo, para nuestro sistema judicial no pasa nada, están aptos para estar de regreso en las calles. ¿Merecen estos magistrados seguir en sus puestos?
Si esto sucede con casos han sido difundidos hasta el cansancio a través de medios y redes sociales, habría que ver lo que ocurre con los hechos que no trascienden. ¿Cuántos sujetos como el energúmeno de la combi son soltados por jueces y fiscales?, ¿qué pasa con los narcoterroristas de mando medio que son capturados por las fuerzas del orden? No hay duda que hace falta una buena limpieza en el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero de una vez.
