Luego de tan amargas experiencias, los electores debemos estar muy atentos con las agrupaciones que ya se han hecho famosas por poner en el Congreso a gente que tiene que rendir cuentas ante la justicia por graves delitos. En este caso me refiero específicamente a Alianza por el Progreso (APP), de César Acuña, que “destaca” entre los grupos políticos que más nos han sembrado prontuariados e impresentables en el quehacer político.

En el pasado vimos que llevaron al Congreso a personajes como el general Edwin Donayre, quien de la bancada de APP pasó a la clandestinidad de allí a un penal por un escandaloso robo de combustible mientras fue jefe militar. En ese mismo parlamento tuvimos a Benicio Ríos, otro apepista con curul que fue sentenciado por actos de corrupción cometidos en sus tiempos de alcalde. Pero hay más en las filas del partido de Acuña, quien no es un novato en política.

En este Congreso efímero tenemos a Humberto Acuña, hermano del candidato presidencial, quien siguen en funciones legislativas a pesar de haber sido sentenciado por delitos de corrupción. Pero lo peor lo hemos conocido el sábado último a través una nota de El Comercio: que APP lleva como candidata al Poder Legislativo por Puno a una mujer que hace un año fue detenida en Tacna por llevar casi 12 kilos de cocaína. Droga como cancha.

Se trata de Yeni Solidad Quispe Quiquijana, a quien inicialmente han tratado de defender argumentando que se trata de un caso de homonimia, aunque horas más tarde, ante la contundencia de la denuncia periodística, han pedido a su postulante que renuncie a la candidatura. En otras palabras, han estado a punto de meter al Congreso a una “burrier” que se salvó de permanecer en prisión preventiva por la llegada de la pandemia.

Esto es gravísimo, y que no venga Acuña a decir que se lo quieren bajar porque es un provinciano exitoso y emprendedor al que le tienen envidia. Con tantos años en política, cuesta creer que un partido como APP sea tan “inocente” como para admitir en su lista a una candidata con semejante problema policial y judicial. ¿Nadie verifica los antecedentes de los postulantes? ¿Así quieren ponerse al frente de las riendas del país?