Según Guy Ryder, jefe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dos mil millones de personas que trabajan en la economía informal han perdido el 60% de sus ingresos sólo en el primer mes de la crisis del COVID-19. Sin “ahorros o acceso al crédito”, advierte, “…ellos simplemente perecerán”.

Para evitar este desenlace, los gobiernos de los países en vías de desarrollo han estado endeudándose masivamente consumiendo sus reservas y emitiendo bonos contra préstamos, con el único respaldo de su capacidad para recaudar impuestos que sus ciudadanos directamente, o indirectamente, terminaran pagando. A corto plazo no tienen otra alternativa que tomar más deuda.

Sin embargo, existe una receta mejor y más duradera que la deuda, que es a lo que Thomas Jefferson llamó en 1819, “capital ficticio” (y acuñó el término 40 años antes de que Karl Marx lo usara). En general para ambos, como para otros economistas clásicos, el capital real no es el resultado de endeudarse, sino de poseer activos y los mecanismos para desarrollarlos.

En ese sentido, planteo que la economía informal nos permitirá crear más capital basado en los títulos que poseen que todo el dinero, que los gobiernos de los países en vías de desarrollo podrían obtener a través del endeudamiento.

¿Cómo así? ¿Acaso la OIT, la agencia de las Naciones Unidas más antigua, no ha dicho que ellos han gastado todos sus ahorros y carecen de ingresos? Cierto, pero lo que nadie sabe —y lo que quisiera revelar— es que ellos tienen un potencial de capital real que está esperando ser concretizado y monetizado. Por ejemplo, los informales poseen y controlan una porción significativa de la superficie de la tierra que está justo sobre algunos de los más importantes recursos naturales no renovables. Tanto, que actualmente ellos están sobre $150 billones en reservas minerales, petrolíferas y gasíferas probadas, lo que es casi cinco veces el PBI combinado de los Estados Unidos y la República Popular China. En valor presente, esto equivale a $21.7 billones, los cuales exceden de lejos los presupuestos del gobierno de los países en vías de desarrollo para luchar contra el virus y sus consecuencias.

Para desbloquear este potencial, debemos entender primero que la creación del capital es el resultado de una cadena invisible que vincula los documentos existentes de la propiedad —que registran quién tiene qué, cómo y dónde— con los requerimientos documentales de los mercados de capital. Los informales necesitan hacer esta conexión empaquetando sus documentos conforme a las leyes y aceptando las prácticas a ambos extremos de la cadena. Esto hará que los informales —habiendo aprendido que no serían solo los dueños de los recursos y conocimientos físicos, sino que también accederían al capital— puedan negociar en igualdad de condiciones con empresas extractivas de gran escala que necesitan instalarse en sus tierras para acceder a las reservas del subsuelo y, en consecuencia, levanten el bloqueo.

El problema no es la falta de títulos locales —ni respaldo internacional o legislación nueva—, sino cómo otorgarles a través de entidades creíbles los siete documentos que veremos luego y que certifican que sus títulos cumplen con la ley y los requisitos de los mercados de capital.

Si estos certificados se empaquetan junto con los títulos, este paquete podrá ser ingresado por la ventanilla de entrada de un banco como garantía y acreditado en su contabilidad como un activo y —abracadabra— se transforma en capital. A cambio de esta garantía, el banco puede emitir dinero a través de su ventanilla de salida, el que registra en su contabilidad como una deuda y —abracadabra— ese dinero puede ser invertido productivamente para crear empleos.

EL MISTERIO DEL CAPITAL

Veo la siguiente pregunta venir: Si crear capital real es tan simple, ¿por qué no ha sido hecho antes en los países en desarrollo? ¿Por qué las economías desarrolladas, donde los activos están firmemente conectados con el capital, no nos han enseñado a hacerlo? Existen dos respuestas:

La primera es que la razón de que la cadena sea invisible es porque hemos tratado a los títulos de propiedad y a los instrumentos financieros como si estos pertenecieran a dos mundos separados, cuando en el fondo ambos son parte de un proceso que refuerza y expande las salvaguardas que necesita la gente para confiar unos en otros. Los títulos de propiedad que protegen a los dueños contra los riesgos de expropiación e incumplimiento locales, y los documentos financieros los protegen contra los riesgos cuando estos se convierten en capital y se monetizan tal a nivel global.

La segunda tiene que ver con cómo funcionan las actividades de la gente civilizada, desde la medicina hasta los sistemas de navegación. Los exploradores chinos y europeos sabían cómo utilizar unas brújulas, imprecisos miles de años antes de que alguien viniera con una teoría satisfactoria sobre el magnetismo que explicara por qué las brújulas funcionaban. Lo mismo pasa con las empresas extractivas, que siguen un proceso espontaneo para acreditar —a los emisores de garantías, banqueros y autoridades regulatorias— que los títulos de la superficie no violan las normas antifraude del mercado de valores.

Pero este proceso espontaneo —similar al de navegar usando un compás sin saber cómo este trabaja— ya no es suficiente: Los informales están hartos de ser capitalistas sin capital y los inversionistas no pueden ayudarlos porque siguen navegando con brújulas espontaneas.

¿Cómo llegamos a esto? En dos etapas: La primera comenzó en 1960, cuando empezaron la descolonización, las reformas agrarias y subdivisiones, las migraciones masivas hacia las ciudades y centros mineros, y las invasiones de terrenos y vías públicas de las urbes. La segunda se llevó a cabo durante 30 años, cuando más de una docena de nuevas convenciones internacionales empoderaron acumulativamente los títulos informales. De estos, los más importantes derivan de las convenciones de la OIT.

Y yo lo sé por mi trabajo en el año 2004 en el Informe de la OIT: “Una globalización justa: creando oportunidades para todos”, donde pasé tres años redactándolo junto con 20 otros comisionados, incluidos mis vecinos de la letra “S” en la mesa, el Premio Nobel Joseph E. Stiglitz y el expresidente de la Federación de Trabajadores y Congreso de Organizaciones Industriales de los EE.UU., John Sweeney.

Aprobado por 182 países, este informe estableció que los informales poseen enormes sumas de capital, “principalmente tierras y viviendas”, que son “capital muerto” porque sus derechos de propiedad “no pueden ser usados como garantía de préstamos para transformar el capital muerto en “capital vivo” y recomendó medidas para corregir esta deficiencia. Con el tiempo, entre vericuetos e interpretaciones legales —aunque la OIT probablemente no esté enterada— sus recomendaciones se han concretado en cientos de tratados de inversión, de libre comercio y, finalmente, han sido incorporadas en legislaciones nacionales de muchos países en vías de desarrollo.

En el Perú, por ejemplo, hemos identificado 1,469 normas (15 derivan del Tribunal Constitucional, 10 de la Corte Suprema, 594 de leyes, 680 de decretos supremos, 98 de resoluciones ministeriales y 72 actos administrativos), que confirman el derecho de propietarios informales a controlar las áreas donde se localizan.

DE LO ABSTRACTO A LO CONCRETO

¿Cómo se les explica a los informales que sus propiedades pueden generar capital si son adecuadamente documentadas? Lo que siempre me funciona es el concepto lógico y matemático de Aristóteles, según el cual el potencial de algo es varias veces más grande con tal que una institución se las agencie para realizarlo.

Para esto, les refiero el caso de las aguas plácidas del Lago Junín, en las alturas de los Andes peruanos, donde se origina gran parte de la energía que mueve nuestra industria y alumbra nuestras ciudades. A partir de allí les explico que el capital, como la energía, es un potencial abstracto que para ser realizado tiene que ser transformado a través de una cadena de certificaciones. Por ejemplo: aquellos que certifican la energía potencial del agua midiendo su volumen y altitud; aquellos que certifican la cantidad de energía cinética que podría generarse al final de su caída por gravedad; y los que certifican el tipo de turbinas y generadores que serían necesarios para transformar la energía cinética en electricidad controlable que, cuando finalmente se distribuye a nuestros hogares y negocios vale, cuando se monetiza, miles de veces más que el valor pasivo del plácido Lago Junín.

Los inversionistas de impacto peruanos que conocemos, especialmente aquellos involucrados en la reforestación de la Amazonía, entienden que la destrucción del medio ambiente puede pararse si los títulos de mineros informales son certificados de tal manera que 1) les permiten a estos el acceso al capital para instalar refinerías adecuadas en vez de recurrir al mercurio —la refinería de los pobres de los que no tienen capital— y 2) le proporcionan a las autoridades la información requerida para ubicar, identificar y hacer responsables a los mineros que contaminan.

LOS SIETE CERTIFICADOS

Cuando la pandemia del COVID-19 comenzó a arrasar ganancias y ahorros en la economía informal peruana; presenté al Perú un protocolo de creación de capital para demostrar cómo utilizando las siete certificaciones que les faltan a mineros formales e informales, el país puede desbloquear $1 billón de capital real que podría generar 70 veces más dinero que lo que el gobierno ha presupuestado para luchar contra el COVID-19. A tres días de su publicación, nuestro plan había sido visto por siete millones de peruanos, suscrito por un manifiesto firmado por todos los gremios de pequeños propietarios mineros, representantes de 400,000 familias, y apoyado por algunos de los elementos que hoy bloquean a la gran minería.

Nuestro protocolo, al igual que el modelo de la hidroeléctrica, usa siete certificaciones para conectar la propiedad informal con los mercados de capital:

1. La ubicación de los recursos, la identificación de los propietarios y la existencia de normas y autoridades locales que determinen la validez y ejecutabilidad de los títulos;

2. Que las normas existentes permitan que los títulos puedan servir como garantía para levantar capital en una jurisdicción determinada;

3. Que los titulares tengan o estén preparados para adoptar una forma de organización empresarial que les permita ser reconocidos y protegidos en el mercado global;

4. Que las normas existentes permitan que esos propietarios adopten mecanismos empresariales para limitar sus responsabilidades de manera que puedan protegerse de las decisiones que se adopten contra sus intereses personales;

5. Que las leyes existentes también les permitan elegir con quiénes se asocian y adquirir propiedad vía acciones y participaciones, de manera que puedan apropiarse de la plusvalía y convertirse en propietarios de industrias de alta productividad y gran escala;

6. Que los títulos cumplan con las normas locales que gobiernan la formación del capital; y

7. Que los títulos cumplan con las reglas, enmiendas, prácticas, interpretaciones y prohibiciones que rigen los mercados financieros globales, incluyendo las normas antifraude que gobiernan los mercados de valores, los acuerdos de libre comercio y los tratados de inversión, así como las convenciones internacionales para una globalización justa.

Para implementar y expandir nuestro plan, hemos iniciado un diálogo con los que están en el negocio de emitir certificaciones globalmente respetables: bancos de inversión con impacto, aseguradores de títulos, titulizadores, compañías de autenticaciones, promotores del capitalismo de stakeholders, y estudios de juristas familiarizados con las reglas, enmiendas, prácticas e interpretaciones que gobiernan las leyes antifraude.

El COVID-19 es una tragedia, pero también nos permite vislumbrar una salida para desarrollar a los que la globalización dejó atrás. Como lo advierte la OIT, si no pueden ahorrar o acceder al crédito 2,000 millones de informales “simplemente van a perecer”. Pero antes de que eso suceda, temo que, en su desesperación, varios de ellos se van a sublevar con consecuencias imposibles de conocer de antemano.

Este artículo exclusivo para Correo, resume el plan presentado por Hernando de Soto, único invitado del sector no-estatal, a la “Cumbre sobre Inclusión Social e Informalidad en Tiempos de COVID-19”, organizada por la OCDE este 13 de julio en París, con la participación de seis jefes de Estado y varios jefes de organismos internacionales. A este plan se suma la Central Nacional de Federaciones Mineras del Perú conformada por 400,000 mineros informales, así como Miguel Vega Alvear, representante del sector privado en la Comisión de Reactivación Económica del Perú.